Portugal acude a las urnas el domingo en unas elecciones de las que tiene que salir un nuevo Gobierno que sustituya al del socialista António Costa sin que todavía se haya resuelto ni aclarado el caso por el que el primer ministro dimitió en noviembre por supuestas irregularidades.

El 7 de noviembre de 2023 la Fiscalía del país anunció que había abierto una investigación contra el jefe del Ejecutivo por las sospechas que había en su contra de que estaba implicado en presuntas irregularidades en negocios del litio, el hidrógeno y de un centro de datos.

Costa renunció ese mismo día, lo que precipitó la caída del Gobierno y la convocatoria de elecciones, pero a fecha de hoy el Ministerio Público todavía no ha dado explicaciones ni mostrado pruebas ni lo ha imputado.

Para la profesora de Criminología de la Universidad de Oporto Rita Faria, las noticias de los últimos meses sobre éste y el caso que ha afectado al Gobierno autónomo de Madeira, cuyo presidente, Miguel Albuquerque, del conservador Partido Social Demócrata (PSD), ha dimitido por supuesta corrupción, demuestran que "la justicia no está siendo capaz de lidiar" con este tipo de asuntos.

En ese sentido, explicó a Efe que los delitos de corrupción de gran envergadura son "muy difíciles de investigar y eso es lo que está sucediendo en este momento".

"En Portugal existe la voluntad de hacer visibles áreas de actividad y formas de actuar que antes no lo eran y creo que todavía no estamos preparados para tener una justicia efectiva", lamentó la experta, que consideró que habría que repensar el sistema judicial tomando siempre como base "el conocimiento científico" y no la ideología del momento.

Y es que, alertó, la lucha contra la corrupción u otros tipos de delitos económicos puede ser utilizada como bandera política en discursos extremistas.

Prueba de ello es que el partido de ultraderecha luso Chega ha fundamentado su campaña en el combate a los corruptos y, de hecho, su lema electoral es "limpiar Portugal".

Más allá de los radicales, lo cierto es que el tema de la corrupción ha protagonizado los debates electorales y los distintos partidos han incluido propuestas para acabar con esta lacra en sus programas: desde un refuerzo de los recursos para los mecanismos anticorrupción ya existentes, como sugiere el Partido Socialista, a tipificar como delito el enriquecimiento ilícito, como han puesto sobre la mesa el PSD y Chega.

En opinión del presidente del Observatorio de Economía y Gestión del Fraude (Obegef), el sociólogo António João Maia, esas propuestas son útiles "pero hay muchas más cosas por hacer".

"Por ejemplo, habría que regular un poco la cuestión de los lobbies (grupos de interés), divulgar las agendas de los titulares de cargos políticos, saber qué reuniones tienen y qué contenidos son tratados...", enumeró Maia, que es también miembro del Consejo de Prevención de la Corrupción e investigador de la Policía Judicial.

Corrupción endémica

En paralelo, destacó que también es importante invertir en los medios anticorrupción no sólo desde el punto de vista financiero, sino también en la dotación de competencias técnicas para las personas que trabajan en la lucha contra este fenómeno en los organismos de control, la policía, los tribunales y la fiscalía, entre otros.

Estas personas "deben tener formación desde el punto de vista de la integridad y formación técnica para trabajar con conocimiento de las tecnologías", reflexionó Maia, quien apuntó que los políticos deberían concretar mejor sus propuestas.

La profesora de Filosofía de la Universidad Lusófona Regina Queiroz ve que "en la sociedad portuguesa hay unas prácticas de corrupción endémicas" que no sólo están asociadas a la política y el Gobierno, sino también a la estructura social.

"Las personas gastan un tiempo inmenso en su actividad cotidiana y en establecer relaciones sociales para lograr beneficios en relación con el Estado, en relación con las empresas, de tal manera que podemos decir que hay muchas prácticas de nepotismo, hay muchas partes que practican el favoritismo", indicó en declaraciones a Efe.

Queiroz subrayó que se trata de "un problema multidimensional" con una faceta jurídica y política, pero que también recae en los ciudadanos "que tienen deberes y derechos, pero que han sido muy complacientes" con esta lacra por lo que sería preciso un cambio de mentalidad.