Intervención plena de la Generalitat y control del 'Parlament'

  • Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y todos sus consejeros serán destituidos cuando el Senado valide el 155

  • Mariano Rajoy podrá disolver el Parlamento catalán, que se quedará como una cámara de funciones representativas

  • Los ministros se harán cargo de todos los departamentos, incluidos los Mossos o la televisión pública

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El Gobierno español ha pulsado el botón rojo del artículo 155. Y era nuclear: se trata de una intervención en toda regla de la Generalitat para restaurar el orden constitucional ante el riesgo de secesión, una medida de excepcionalidad, histórica, que sólo se suspenderá en el caso de que el Senado la rechace. Por tanto, el Gobierno no dará marcha atrás si Carles Puigdemont se aviene en estos días a una negociación. Sólo una convocatoria anticipada de elecciones, que se declare antes del viernes, podría detenerlo. La propuesta incluye la destitución del presidente Carles Puigdemont, la del vicepresidente Oriol Junqueras y la de todos sus consejeros, de tal modo que serán los ministros y delegados nombrados quienes tomen la administración de la Generalitat. Incluye a los Mossos, a los medios de comunicación públicos, incluida la televisión (TV3), a todos los servicios públicos y al Centro de Tecnologías y Telecomunicaciones de la Información. Mariano Rajoy asume la potestad del presidente de la Generalitat para disolver el Parlamento y convocar elecciones, algo que hará lo antes posible, en cuanto se recupere la normalidad, aunque se da un plazo máximo de seis meses. La Cámara autonómica queda intervenida, de tal modo que sólo tendrá una función representativa. No puede ni controlar a los nuevos gestores de la Generalitat ni proponer un candidato al presidente ni celebrar sesión de investidura. No hay un 155 light, es una intervención plena del autogobierno catalán con el objetivo de restaurar el orden constitucional y llevar a Cataluña a unas nuevas elecciones.

La medida es plena si se comprende que no sólo afecta al poder ejecutivo, sino también al legislativo. Los partidos del Gobierno catalán calificaron la medida de golpe de Estado y sus miembros, incluidos Puigdemont, participaron en una manifestación de protesta en Barcelona que ya se había convocado contra el encarcelamiento de los líderes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y de Ominium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Según la Guardia Urbana, se concentraron 450.000 personas.

Una vez que entre en vigor esta propuesta, el Gobierno aprobará un organigrama de cargos que se hará con el control de toda la administración autonómica. Mientras los ministros y sus delegados la administren, la organización autonómica seguirá funcionando de acuerdo con el Estatuto de Cataluña. La Generalitat continuará funcionando y seguirá siendo la administración ordinaria de la comunidad autónoma. Esta administración actuará bajo las directrices de los órganos designados por el Gobierno de la nación, es decir, por los ministros. De este modo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se hace con el control total de las cuentas catalanas y Juan Ignacio Zoido asume la dirección y gestión del cuerpo de Mossos. Zoido tendrá poderes para desplegar la Policía Nacional y la Guardia Civil por todo el territorio catalán y, además, podrá sustituir a todos los agentes que no acaten el artículo155. Se da por hecho la sustitución del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y de la cúpula de este cuerpo.

Uno de los asuntos que más ha preocupado en Cataluña o, al menos, lo que subrayan los medios es que el Gobierno asume el control de la televisión pública, la TV3, que ha sido un órgano de propaganda del procés y, en ocasiones, de agitación. El Gobierno está autorizado a realizar cambios para garantizar la neutralidad de los medios. También se toma el control del Centro de Tecnología y Telecomunicaciones, que ha sido utilizado como cerebro informático para crear el Estado paralelo.

En una rueda de prensa después del Consejo de Gobierno, Mariano Rajoy dijo: "La autonomía y el autogobierno no se suspenden, se cesan a las personas que han puesto al Gobierno catalán fuera de la Constitución y del Estatuto". El presidente confesó que esta medida se podía haber tomado antes, porque la Generalitat ha aportado razones, pero que ha esperado por si había una rectificación. "Podría haber enviado este requerimiento antes, tal como se me pidió, y es verdad, pudo ser el 7 de septiembre, el 8 de septiembre o el 1 de octubre, pero preferimos actuar con prudencia, intentando esperar una rectificación que no se ha producido", dijo. El desarrollo de este 155 supone una suspensión de facto del autogobierno de Cataluña.

El Parlamento sólo podrá controlar a los gestores de la Generalitat cada dos meses. Su presidenta, Carme Forcadell, seguirá en activo, pero no puede convocar un pleno de investidura ni tramitar leyes que se consideren contrarias a la Constitución. Puigdemont seguirá como parlamentario, ya que es un cargo electo derivado de las pasadas elecciones de 2015.

La intervención de la Generalitat entrará en vigor el próximo viernes, que es el día previsto por el Senado para celebrar el pleno de aprobación. La mesa ya se ha reunido y ha aprobado el calendario del desarrollo del artículo 155. La dureza de la intervención podría hacer reaccionar al Govern de Carles Puigdemont. Aún tiene de plazo hasta el viernes y no se descarta que pueda convocar elecciones autonómicas. Si es así, y aunque las denomine como constituyentes, estás elecciones se tendrán que desarrollar de acuerdo con la ley española, la Loreg.

Una comisión formada por la actual de asuntos generales de las comunidades y de la constitucional, con 27 miembros, ya ha comenzado a tramitar la propuesta. La semana próxima, el presidente del Senador, Pío García Escuredo, informará a Carles Puigdemont de la intervención, y tendrá de plazo hasta el jueves para exponer sus razones. Una vez recibidas, la propuesta, con enmiendas o no, pasa al pleno, donde habrá un doble turno de los partidos para mostrar su parecer. La propuesta se valida con la mayoría absoluta del Senado, el PP la tiene, pero contará con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos. Los que están en duda son los senadores del PSC, que están integrados en Entesa.

El Senado ha aplazado el pleno ordinario que se iba a celebrar la semana pasada, para conseguir mayor celeridad en la tramitación.

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