La redacción del nuevo PGOU se encargará al equipo de Fustegueras

  • Su empresa Territorio y ciudad ha sido la única que ha superado el proceso de selección establecido por el Área de Urbanismo · La adjudicación se aprobará en un pleno que se celebrará el próximo jueves

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La empresa Territorio y ciudad, que dirige el arquitecto y urbanista jerezano Manuel Ángel González Fustegueras, ha sido la elegida por el Ayuntamiento para la finalización del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). De las tres empresas que optaban a su elaboración, la de Fustegueras fue la única que superó el proceso de adjudicación que inició el Ayuntamiento a finales del pasado año. La mesa de contratación conformada para este concurso público se reunió nuevamente el pasado jueves para confirmar a Territorio y ciudad como única aspirante a la adjudicación. Será en el pleno ordinario de este mes que se celebrará el próximo jueves donde la Corporación Municipal ratificará su nombramiento.

Tres empresas se presentaron al concurso. Además de la del urbanista jerezano, optaban a la realización del PGOU la UTE (Unión Temporal de Empresas) conformada por los estudios de arquitectura de Enrique Badagí y José Seguí así como la firma Arnáiz Consultores. Según explicó la concejala de Urbanismo, Patricia Ybarra, ninguna de las dos superaron el primer corte en el proceso de selección. La de Arnáiz Consultores no logró la puntuación mínima exigida. A pesar de su amplia trayectoria en el sector de la ordenación del territorio apenas cuenta en su currículum con la realización de planes generales de grandes ciudades (sí de numerosos pueblos de comunidades autonómas de Madrid y Castilla La Mancha). En cambio, el pliego de condiciones que elaboró el Área de Urbanismo prima a las empresas que hayan realizado ordenamientos de ciudades de más de 50.000 habitantes.

Mientras tanto, según las explicaciones de la edil, los arquitectos Bajardí y Seguí no acreditaron suficientemente "la constitución" de la UTE, un error formal en la oferta presentada que trajo como consecuencia su salida del proceso de selección.

Por tanto, Territorio y ciudad se quedó sola en el proceso. Tras los informes de distintos servicios municipales, la mesa de contratación dio el visto bueno definitivo a su propuesta. Su contratación supondrá un coste de 1,9 millones de euros, que serán pagados a la empresa conforme vaya superando etapas en el proceso de redacción del planeamiento.

Ayer, el equipo de Gobierno convocó a los grupos de la oposición para explicarles el resultado del procedimiento y anunciarles la convocatoria del pleno extraordinario para el jueves. Esto fue criticado ayer por el portavoz del PSOE, Ignacio García de Quirós, que reprochó al alcalde, Enrique Moresco, que haya presentado a los grupos una adjudicación "cerrada" sin haberles permitido su participación en el proceso. El alcalde, Enrique Moresco, y la edil de Urbanismo señalaron al respecto que se había tenido una deferencia con la oposición al convocarlos en dos ocasiones para explicarles la situación del proceso de adjudicación, aunque no estaban obligado a ello. No obstante, su inclusión en la mesa de contratación no estaba prevista en el pliego de condiciones que se aprobó en pleno el pasado mes de diciembre. Gracias a la mayoría absoluta que disfruta el equipo de Gobierno, la contratación de Territorio y ciudad saldrá adelante sin problemas. La oposición no ha hecho público, por el momento, el posicionamiento que adoptará al respecto.

Una vez se firme el contrato para la realización de los trabajos, Territorio y ciudad tendrá un año para presentar el documento de aprobación provisional 2 del PGOU. Posteriormente, se expondrá públicamente para la presentación de alegaciones. Tras ello se hará el documento de aprobación provisional 3, que será el que se remita a la Junta. El Gobierno Municipal se plantea finales de 2010 o 2011 como fechas probables para que el nuevo ordenamiento pueda estar listo.

Fue en 1999 cuando se iniciaron los trabajos de elaboración del nuevo PGOU. Las decisiones políticas del anterior gobierno de IP y PSOE y, en menor medida, los cambios en la normativa urbanística motivaron que nueve años después El Puerto siga sin tener un nuevo ordenamiento.

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