"Este es un momento histórico, no sólo para la ciudad de Cádiz sino para el resto del país". Así de orgulloso se sentía ayer el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Álvaro de la Fuente, con la remunicipalización del servicio de limpieza de módulos de las playas que hoy entrará en vigor. De este modo, la plantilla deja de pertenecer desde hoy a Acciona Services a la sociedad municipal Cádiz 2000.

Pero ese optimismo del concejal y presidente de la citada Cádiz 2000 contrastaba con la visión de los dos principales partidos de la oposición, el Partido Popular y el PSOE, que han actuado cada uno por su lado pidiendo por escrito la convocatoria urgente de un consejo de administración porque ven que se han podido cometer posibles irregularidades y, en el caso de los populares, se llega incluso a solicitar la paralización del proceso, algo sobre lo que el PSOE no llega a pronunciarse de manera taxativa. Los dos coinciden en que el propio De la Fuente ha tomado decisiones sin tener atribuciones para ello y sin que se hayan aprobado en el consejo de administración. Este está formado por tres representantes del equipo de Gobierno (dos de Podemos y uno de Ganar Cádiz), tres del PP y el mismo número del PSOE. El problema estriba en que el proceso se culmina hoy y habrá que ver si tiene encaje jurídico la marcha atrás si se llega a probar en el consejo de administración.

El PP asegura en su escrito que realizó el lunes 28 de agosto y que está dirigido al concejal de Medio Ambiente y presidente de Cádiz 2000, Álvaro de la Fuente, que éste no está facultado para realizar operaciones como la subrogación del personal en nombre de la sociedad Cádiz 2000 "sin contar con el acuerdo expreso del consejo de administración de la misma".

En el mismo documento, que está firmado por los tres miembros del PP en el Consejo, Ignacio Romaní, José Luis Duro y José Carlos Teruel, se dice que el acuerdo tomado por el presidente de Cádiz 2000 "de manera individual, se derivan unos perjuicios patrimoniales y jurídicos importantes para la sociedad" debido a que no cuenta con el visto bueno del consejo de administración, "sin contar con un estudio presupuestario y con la ampliación de partida correspondiente, sin contar con un estudio de los trabajadores, listado de la maquinaria..."

También le recuerda el PP a Álvaro de la Fuente que la mayoría de los trabajadores que han de ser subrogados se oponen al proceso de remunicipalización, "por lo que su decisión unilateral infringe todo tipo de negociación con los trabajadores y la voluntad de ellos".

Los populares le piden que en el plazo de 24 horas, es decir, a lo largo del día de hoy, rectifique la decisión "dada la gravedad de los hechos" y convoque el consejo de administración antes citado.

Desde este partido de la oposición se asegura que lo único que ha pasado por el consejo es el cambio del objeto social de la empresa municipal para poder remunicipalizar estos servicios.

El del PSOE está firmado por los tres representantes que están presentes en Cádiz 2000, es decir, Juan Cantero, Aurelia Morales y Manuel Cárdenas y está fechado el 30 de agosto. Este se ha dirigido por partida triple: por un lado a Álvaro de la Fuente como presidente de la sociedad, al secretario general del Ayuntamiento y al interventor municipal. En el mismo se pide la convocatoria urgente del consejo de administración pero acogiéndose al escrito que registraron los trabajadores del servicio en el que se pedía que se paralizara el proceso de remunicipalización. Este es el matiz que lo diferencia del PP y es que no piden de partida la paralización del proceso, teniendo en cuenta que ellos inicialmente votaron a favor de la remunicipalización.

Sin embargo, con ese escrito se adjunta un escrito al secretario del consejo de administración de Cádiz 2000, que a la vez es el director de Personal del Ayuntamiento, José Antonio Rosado, en el que se alerta de las posibles irregularidades que se han podido cometer en la ejecución y desarrollo de los acuerdos plenarios que se produjeron el 26 de mayo. Este escrito sí aparece firmado por portavoz socialista, Fran González.En los mismos se dio el visto bueno a la memoria elaborada por la Comisión de Estudios para la remunicipalización y se decidió que la gestión la asumiera Cádiz 2000.

Fran González enumera una a una las posibles irregularidades que considera que podrían derivar en responsabilidades de carácter administrativo, civil o penal.

Por ejemplo, el portavoz socialista recuerda que el consejo de administración de Cádiz 2000 no ha sido convocado, ni ha tomado acuerdo alguno, sobre la aceptación de la encomienda de gestión realizada por el pleno municipal.

Tampoco ha acordado nada sobre la sucesión de la empresa Acciona Services, "convocatoria absolutamente imprescindible ante eventuales responsabilidades de carácter solidario que pudieran darse entre cedente y cesionario derivadas de la transmisión".

González recuerda que no consta inicio de expediente económico-financiero por parte de la empresa Cádiz 2000 con carácter previo a los acuerdos plenarios, "cuantificando los costes añadidos de este proceso que tenga que soportar la empresa y en el que se garantice el crédito suficiente y las transferencias periódicas a dicha sociedad por parte del Ayuntamiento de Cádiz para satisfacer dichos importes".

Otra de las cosas que no se ha llevado al consejo y que también inquiere el PSOE es de la subrogación del personal "que acredite el cumplimiento del principio de estabilidad en el empleo".

Fran González recuerda al secretario del consejo de Cádiz 2000 que "el presidente y el director gerente de la misma carecen de competencias propias ni delegadas para asumir los acuerdos y decisiones anteriormente citadas". Por todo ello le pide que actúe para salvaguardar el posible ejercicio de acciones legales futuras y afirma que en el caso de que ocurriera "estas irregularidades no podrían ser obviadas ni alegadas como desconocidas".

Mientras tanto, desde el equipo de Gobierno se tiene muy claro que el proceso debe seguir para adelante a pesar de todos estos inconvenientes que han surgido. Con respecto a la atribución de funciones de Álvaro de la Fuente, el equipo de gobierno encargó un informe jurídico al abogado Emilio Ravina Beltrami, que fue entregado el miércoles.

En el mismo se dice que las actuaciones del presidente del consejo de administración en el proceso de remunicipalización "se encuentran dentro de las facultades que el mismo ostenta y no precisan de un acuerdo adicional de delegación de facultades por parte del consejo de administración de Cádiz 2000" por varias razones.

Una de ellas, según el informe, es que el presidente tiene reconocida estatutariamente la facultad de representar a la empresa frente a todo tipo de personas, públicas o privadas, físicas o jurídicas, "sin necesidad de que tener que recabar para ello un previo o especial apoderamiento".

También afirma que el socio único de Cádiz 2000, es decir, el Ayuntamiento de Cádiz, "acordó expresamente que la remunicipalización de los servicios de playas la va a asumir la sociedad, de modo que el órgano de administración no debe desatender dicho mandato o instrucción, al venir impuesta por su órgano jerárquicamente superior".

La tercera de las razones que argumenta el letrado es que el consejo de administración de Cádiz 2000 ya ha votado favorablemente a la ampliación del objeto social de la empresa para posibilitar la ejecución de la remunicipalización de los servicios de playas.

No obstante, el abogado estima que la petición de que se celebre un consejo de administración urgente reúne los requisitos legales, aunque discrepa del plazo exigido por los populares de 48 horas no es el adecuado, sino que el presidente tiene siete días por delante, aunque puede incluir más puntos aparte del que pide el PP.