El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, dijo ayer que "sí a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), pero no así".

Martínez Camino afirmó que la EpC se está impartiendo "en todos los colegios católicos por imperativo legal, salvo en algunos que han optado libremente por no darla".

Y es por imperativo legal, explicó, porque como está desarrollada en los decretos, no en la ley, es contraria a la doctrina de la Iglesia católica. No estamos en contra de la asignatura, dijo, sino contra sus contenidos "porque se invaden estatalmente y de forma obligatoria" las competencias de los padres respecto de la formación moral de sus hijos.

"No se puede imponer a nadie, recalcó, ningún tipo de conciencia moral, ni siquiera la católica, ni unos principios morales contrarios a la moral de la Iglesia".

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, señaló no estar de acuerdo con la postura de la Iglesia ya que, según declaró, la materia "explica los valores constitucionales que son tan fundamentales para la persona".

Precisamente, ayer un juzgado de Cuenca emitió un auto en el que aprueba la medida de suspensión cautelar de cursar Educación para la Ciudadanía a los hijos de padres objetores y, se hace extensiva la medida cautelar al resto de procedimientos de la misma naturaleza que se han presentado en dicho Juzgado.

Se trata del tercer auto emitido en Castilla-La Mancha, después de que otros dos juzgados de Albacete lo hicieran este mes de septiembre.