La instrucción judicial del robo de la Caja Municipal del Ayuntamiento de San Fernando dio ayer por fin un nuevo paso con la declaración ante la responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Manuela Oneto, la esposa del principal sospechoso del desfalco de al menos 7,8 millones de euros, el ex funcionario Clemente Ruiz. A Oneto la acompañaba en su citación ante la jueza su madre, también imputada en la causa y llamada a declarar, y el abogado de la familia, José Luis Tellado, que a la salida de las instalaciones judiciales de la plaza de San José isleña insistió en la inocencia de sus defendidos. 

"Han contestado a todas las preguntas que les han hecho. No tienen nada que temer", comentó el letrado, que recordó el supuesto delito de blanqueo de capitales por el que ambas mujeres están imputadas, y que evidentemente rechazó. "Está claro que Clemente no debía ni un solo euro al Ayuntamiento. Por lo tanto, si no existe ningún delito precedente no puede haber delito de blanqueo de capitales", argumentó, a la vez que proclamaba la inocencia de sus clientes.

Para más adelante quedará la declaración de los otros imputados pertenecientes a la familia marroquí -de Mohamed Alí Buselhan (ya fallecido)- que tenía vínculos de amistad y negocios con Clemente Ruiz y que siempre ha estado en el punto de mira de la investigación policial y judicial. Por el momento, reconoció Tellado, se desarrollan las gestiones necesarias para dar con ellos, puesto que de San Fernando, donde residían, partieron de nuevo a Marruecos, sin que hasta el momento hayan sido localizados. Una vez sean citados y se les tome declaración, considera el abogado de Clemente y su familia, el proceso de instrucción de la causa podrá cerrarse y se le reclamará al fiscal que presente el correspondiente escrito de calificación provisional. 

Se culminaría así un procedimiento cuya investigación inicial y posteriores pesquisas y diligencias desarrollan desde hace cinco años, desde abril de 2009, cuando se detecta la falta del dinero en la Caja y el Ayuntamiento lo denuncia ante la Policía Nacional. Cuestionado sobre la tardanza, Tellado reconoció esta dilación en la instrucción como una consecuencia directa de "la administración de Justicia que tenemos: la falta de medios materiales, personales y económicos".

Casi concluido está, con sentencia aunque no firme, el proceso contable, que señala a los ex cajeros (como en este caso) como responsables del desfalco, pero también a tesorera e interventores y a dos ex alcaldes como responsables subsidiarios.