Entre las pruebas periciales que las distintas partes implicadas en el procedimiento de reintegro por alcance que, a raíz del robo millonario de la caja, dirime el Tribunal de Cuentas se ha incluido un informe redactado por Rafael Navas Vázquez, doctor en Derecho y catedrático en Derecho Tributario y Financiero que precisamente fue consejero mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, el mismo órgano que ha sido responsable de la instrucción del proceso.

Dicho informe, paradójicamente, ha sido aportado conjuntamente por la tesorera y el interventor, María de las Virtudes Gómez Montero y José Antonio López Fernández, para refrendar los argumentos que esponen en sus respectivos escritos de contestación a la demanda interpuesta por el Ayuntamiento isleño, que los considera como responsabes subsidarios de la desaparición de 7,8 millones de euros de la caja municipal.

En términos generales, su defensa coincide en argumentar el retraso que arrastraba la contabilidad municipal, la falta de medios de la que disponían así como en intentar demostrar que, habida cuenta de la situación que se daba en las oficinas municipales del área de Economía y Hacienda, era imposible detectar el robo que de manera diaria y sistemática se estaba llevando a cabo.

La consejera del Tribunal de Cuentas que instruye el proceso contable desde el departamento primero de la sección de enjuiciamiento, María Antonia Lozano Álvarez, admitió esta prueba pericial en la vista previa que se celebró el pasado miércoles en Madrid.

Además, tras petición del Ministerio Fiscal -que ha solicitado que se amplíe esta prueba en relación a su calidad como antiguo presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía- se ha acordado que Rafael Navas Vázquez intervenga también como testigo en el proceso contable, además de como perito (a raíz del informe aportado por tesorera e interventor en sus escritos de contestación).

Por otro lado, durante la audiencia previa del pasado miércoles, la concejera que instruye el proceso desestimó una de las pruebas que había presentado en esta misma sesión el ex regidor Manuel María de Bernardo. Se trata de un certificado del Ayuntamiento de San Fernando, expedido por el Área de Dirección de Personas (Recursos Humanos), sobre la organización política y administrativa.

En dicho documento constan los puestos de trabajo, con sus categorías, funciones y cometidos de los funcionarios y empleados que, tanto en el Ayuntamiento, como organismos autónomos y en la empresa municipal (Esisa), se dedicaban a "las funciones de control, supervisión y cooperación de los trabajos y formación de las cuentas y de los documentos y estados contables durante el periodo en el que ejerció como regidor".

La prueba documental, que detalla el personal vinculado a las tareas económicas de las distintas áreas municipales, fue inicialmente admitida durante la vista, pero posteriormente fue rechazada y retirada del proceso al estimar la jueza el recurso de reposición contra dicho certificado que interpuso, curiosamente, la defensa de la tesorera del Ayuntamiento.

La vista previa del Tribunal de Cuentas sirvió también para fijar la lista de testigos que prestarán declaración en el proceso contable, la mayoría de ellos funcionarios del área de Hacienda y de dependencias municipales relacionadas con su trabajo. Además, del citado experto Rafael Navas Vázquez, comparecerán la que durante años fuera delegada de Hacienda, Mercedes Espejo, así como otros ex concejales como Rosario Álvarez.

También Pilar Morillo, Aurora Amalia Castro, Juan Rueda Jiménez, Dolores Linares, José Luis López Garrido, Emilio de la Cruz Pérez, Manuel Silva Camacho, María José de la Fuente Márquez, Antonio Bouza Cuesta y Fuensanta Agüera González.

Todos ellos -incluidos a petición de las distintas partes- prestarán declaración mediante auxilio judicial a lo largo de las próximas semanas antes del juicio contable que se ha señalado para el próximo 19 de junio.