Efectivos de la Guardia Civil de las comandancias de Cádiz y Sevilla pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), con la colaboración de los inspectores de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, han intervenido 26.000 kilogramos de caracoles con destino al consumo humano. La mercancía era transportada en un trailer y fue descargada de forma clandestina en una nave de un polígono industrial de la localidad sevillana de El Cuervo.

El transporte tenía la obligación de llevarlos directamente hasta una empresa autorizada del polígono Las Quemadas, de Córdoba, dónde pasaría el control sanitario, etiquetado y envasado para su destino al consumo humano, según los documentos de transportes facilitados por los servicios sanitarios de la aduana de Algeciras. Sin embargo, fueron descargados de forma clandestina en una nave de un polígono de El Cuervo para su posterior distribución por vendedores ambulantes en la comarca del Bajo Guadalquivir.

Las investigaciones llevadas a cabo conjuntamente por el Servicio de Protección de la Naturaleza de las comandancias de Sevilla y Cádiz, dentro del marco de la operación Helix, se iniciaron a raíz de la intervención de otro vehículo de menor porte en Sanlúcar de Barrameda, así como por la aparición de numerosas partidas de caracoles sin ningún tipo de control sanitario en establecimientos hosteleros de la Costa Noroeste.

Ante las irregularidades que se estaban cometiendo en la comercialización de estos moluscos procedentes de Marruecos se realizó un seguimiento de los transportes, comprobándose cómo un camión trailer descargaba su contenido en una nave de la localidad de El Cuervo. Dicha nave carecía de licencia municipal, de permiso de importación y de registro sanitario para la actividad, siendo precintada junto con el camión trailer que transportaba los caracoles.

La mercancía, cuya intervención ha sido la mayor de moluscos en nuestro país hasta la fecha, ha sido puesta a disposición de las autoridades sanitarias para su destrucción, informó el Ministerio de Interior en un comunicado. Los responsables han sido denunciados ante la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía por incumplir las normas de seguridad alimentaria establecidas para la protección de consumidores y usuarios.