Un idílico cartelón publicitario recibe al conductor en la rotonda de acceso al municipio de Conil de la Frontera. Es el horizonte marino, veinte metros cuadrados de mar y cielo en los que apenas se asoma el cabo de Trafalgar. Sobreimpresionada en la postal, una aclaración, en rojo, sin coma: "El mar de Trafalgar sin eólicas".

Firman la bienvenida los ayuntamientos de los tres pueblos del litoral de La Janda, Conil, Vejer y Barbate, que libran desde hace cinco años otra batalla de Trafalgar para impedir la instalación de aerogeneradores en las aguas más anheladas del país. Esta semana, el Gobierno ha dado un derechazo a sus intereses al aprobar el Mapa Eólico Marino, el texto que servirá como base para el desarrollo de esta industria en España; el punto de partida, sin vuelta atrás, un decenio después. ¿El mar de Trafalgar sin eólicas? Puede que sí, puede que no.

La franja que abarca los ocho primeros kilómetros desde la costa ha quedado blindada. El resto del litoral está ahora dividido, según criterios ambientales, en zonas de exclusión, zonas con limitaciones, y zonas aptas para la explotación energética del viento. Como un semáforo, que prohíbe el acceso al Estrecho de Gibraltar, por ejemplo, pero clasifica todo el litoral de La Janda en ámbar, que equivale a posibilidad.

El mensaje transmitido por el Gobierno en este proceso regulador con respecto a Cádiz ha sido firme: quiere estudiar los proyectos uno a uno, de forma pormenorizada, y emplaza su decisión sobre la puesta en marcha de complejos off-shore a conocer los estudios y evaluaciones contrastadas que las promotoras aporten sobre cada plan y sobre cada punto exacto de explotación.

Con esta decisión, el Estado ha desestimado las decenas de alegaciones presentadas por la Junta de Andalucía, la Diputación gaditana, ayuntamientos, organizaciones vecinales y agrupaciones pesqueras, que han reclamado durante el último año y medio que el litoral jandeño quedara tachado del mapa de oportunidades. El argumentario de administraciones y colectivos es inabarcable: sostienen que las vibraciones y el ruido de las turbinas afectarán a los caladeros y a la migración de aves, cetáceos, y del atún rojo; recuerdan que los parques son incompatibles con el patrimonio arqueológico sumergido; y advierten de que los aerogeneradores serán visibles desde la playa, perjudicarán al turismo y modificarán la turbidez del agua y las dinámicas del litoral, entre otras cuestiones. El Estudio Estratégico Ambiental para la Instalación de Parques Eólicos Marinos, la base legal del sector, recoge todas y cada una de las posibles afecciones, pero sostiene que no se han aportado suficientes datos científicos como para descartar a priori estas instalaciones en Cádiz, el gran motor eólico de Andalucía.

Es justo lo que defiende César del Campo, que ha trabajado desde finales de los noventa en el desarrollo del proyecto Mar de Trafalgar (Acciona, INR y Cupimar), el más grande de los planteados en aguas españolas con 280 turbinas a más de 15 kilómetros de la playa y con una potencia de 1.000 megavatios. "Se han enfrentado opiniones subjetivas a razones científicas, y eso no es suficiente para decir no con carácter general. Nosotros no opinamos, sino que garantizamos el bajo impacto del parque en base a estudios científicos", explica este ingeniero afincado en El Puerto.

Otros dos consorcios, liderados por Iberdrola y Capital Energy, también han presentado al Industria sus proyectos para instalarse en Trafalgar, que suman una potencia superior a los 800 megavatios. Una cuarta sociedad, el Consorcio Eólico Marino Cabo de Trafalgar -fruto de la asociación de Endesa y Elecnor-, aguarda desde 2007 una regulación del sector para iniciar su despliegue.

Aunque los corredores de viento de La Janda son los más anhelados, hay otras iniciativas empresariales en la costa atlántica. La compañía andaluza Grupo Magtel, asociada con el Ayuntamiento de Chipiona y con la Universidad de Cádiz, promueve otro plan en aguas chipioneras, mientras que Iberdrola solicitó el año pasado a la Administración la reserva de dos espacios en Huelva. Como Trafalgar, Chipiona y el atlántico onubense son zonas con limitaciones ambientales en el Mapa Eólico, pero cuentan con una ventaja determinante: las oportunidades de explotación energética se han presentado a la ciudadanía, justo, como oportunidades para el desarrollo económico y del bienestar, y los proyectos no están tan embarrados desde el punto de vista social como en la comarca de La Janda.

El alcalde de Chipiona, Manuel García (PSOE), se ha desmarcado de la postura de sus compañeros de Conil (IU), Vejer (PSOE) y Barbate (PSOE), y ha anunciado su respaldo institucional a los aerogeneradores marinos: "No tengo miedo al rechazo, no puede tener miedo la gente honesta que trabaja por el interés general, que busca recursos y alternativas de futuro para su pueblo", expone.

Los productores han lamentado durante años la tibieza de la apuesta del Gobierno por esta energía limpia, cuya aportación es vital -según los expertos- si España quiere cumplir el objetivo fijado por la Unión Europea: producir con renovables en 2020 el 20% de la energía consumida.

Los retrasos burocráticos han sido constantes en la regulación sectorial, que fue prometida a principios de la década. El responsable del proyecto Mar de Trafalgar cree que se ha perdido "una gran oportunidad": "España ha dejado escapar la opción de estar en primera línea mientras Reino Unido, Dinamarca o Noruega nos tomaban la delantera". Un ejemplo de esta cultura de la complejidad administrativa es la gestión del propio Mapa Eólico, que se presentó en diciembre de 2007 y ha sido aprobado 16 meses después sin apenas modificaciones.

Abril de 2009. Tiempo de otear el horizonte. Mariano Barroso, presidente de Aprean -Asociación de Promotores y Productores de Energía Eólica de Andalucía-, que cuenta con 66 empresas asociadas, considera que se "ha abierto una puerta para trabajar" aunque prevé "un largo camino" para llevar los aerogeneradores al mar. Industria deberá repartir ahora reservas de espacios entre las eléctricas, que se encargarán de estudiar a fondo y sobre el terreno las opciones de instalación de las granjas eólicas y las condiciones del viento. Las perspectivas más optimistas vaticinan un mínimo de cinco años de desarrollo para la inmersión de las eólicas. "No será fácil pero sí seguro, y habrá garantías de que sólo salgan adelante las apuestas firmes y serias", avanza Barroso.

Los pueblos de La Janda mantienen su enroque y confían en que el nuevo presidente de la Junta, José Antonio Griñán, abandere el compromiso formulado por Chaves en 2005, en el momento de mayor crispación en torno a los molinos: "No habrá aerogeneradores en el mar sin consenso social". La frase es recitada en la zona como un mandamiento.

El alcalde de Vejer, Antonio Verdú, asevera que en el municipio "hay tranquilidad absoluta", pero los avances normativos siempre generan incertidumbre y reavivan la polémica. La latente plataforma en Defensa del Mar de Trafalgar, que agrupa a asociaciones vecinales, ayuntamientos y cofradías pesqueras, se prepara para volver a la carga y plantea, a iniciativa del alcalde de Conil, Antonio Roldán, una consulta popular que corrobore el posicionamiento de los ciudadanos.

Vecinos y políticos valoran los beneficios de esta renovable, pero la incertidumbre sobre sus repercusiones en un entorno delicado, la estéril cosecha de los molinos en tierra, y el histórico miedo a lo inexplorado mantienen muy firme el mensaje contra los parques marinos: "Eólicas sí, pero en aguas de Trafalgar, no".