La Fiscalía General del Estado ha concedido a la Fiscalía de Cádiz una prórroga de seis meses para que continúe la investigación abierta tras denunciar el PP que entre 2003 y 2006, cuando era alcalde el socialista José María Román, el gobierno municipal de Chiclana decretó un archivo masivo de expedientes urbanísticos. Las diligencias de la Fiscalía comenzaron el pasado octubre y, como toda investigación que inicia el fiscal, al cumplirse un plazo de seis meses debían ser archivadas o bien enviadas a un Juzgado que iniciase la instrucción de un procedimiento. En el primer caso, el fiscal no habría encontrado nada en lo que sustentar la denuncia; en el segundo, el fiscal se habría topado con indicios de un delito, esto es, con que lo denunciado tenía base suficiente como para que interviniese un juez.

El fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, no ha hecho ni lo uno ni lo otro. Ha considerado que debía continuar la investigación y ha solicitado una prórroga a la Fiscalía General del Estado, que le ha dicho que siga adelante. Núñez no quiso ayer dar detalle alguno sobre la investigación pero sí explicó a este periódico que quiere examinar determinada documentación relacionada con el caso, que aún no tiene, antes de decidir si opta por el archivo o por la judicialización.

Aunque la prórroga de la investigación no cierra en absoluto la posibilidad de que en un mes o dos llegue el archivo, el hecho de que el fiscal no haya llegado ya a una conclusión en estos seis meses de pesquisas supone, políticamente, una mala noticia para el gobierno municipal de Chiclana, que está de nuevo en manos del PSOE desde que el pasado noviembre una moción de censura desalojó de la alcaldía a Ernesto Marín, del PP.

Según la denuncia presentada por el PP, el Ayuntamiento de Chiclana abrió 1.717 expedientes sancionadores urbanísticos pero fue ordenado el cobro de 15 y sólo fueron cobrados 10, según explicó en su día la ex concejal del PP de Chiclana Teresa Ruiz-Sillero.

La edil dijo que ese archivo masivo de expedientes urbanísticos supuso que el Ayuntamiento de Chiclana dejó de ingresar una cantidad que alcanzaba los 100 millones de euros.

El pasado febrero, la Guardia Civil tomó algunas declaraciones en relación con esta investigación de la Fiscalía. Por la Comandancia de Cádiz pasaron para prestar testimonio los socialistas José María Román, alcalde de Chiclana, el anterior regidor chiclanero Manuel Jiménez Barrios, el ex responsable provincial de Obras Púbicas Alfonso López Almagro, el ex delegado de Urbanismo Juan Luis Belizón y Manuela Moreno, actual delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Chiclana.

El PSOE rehusó entonces comentar esas comparecencias. Fuentes de ese partido explicaron que preferían esperar a que la Fiscalía adoptase una decisión en firme para hacer declaraciones sobre este asunto.

El PP también denunció públicamente el pasado octubre, cuando gobernaba en Chiclana en coalición con las agrupaciones de IU y PA, que en 2002 los inspectores también abrieron más de 400 informes sobre infracciones urbanísticas a lo largo del término municipal chiclanero y que de ellos sólo fueron incoados 31 expedientes sancionadores. El PP aseguró que el daño contable provocado por ese archivo de expedientes fue de 700.000 euros.

La presentación de denuncias del PP ante la Fiscalía relacionadas con la actividad urbanística de gobiernos municipales de Chiclana encabezados por alcaldes socialistas fue seguida el pasado octubre, días antes de la moción de censura que desbancó al PP de la alcaldía de ese municipio, de fuertes críticas a la Fiscalía de Cádiz. Las hizo el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz. "Resulta curiosa la prisa que se da para los casos de populares implicados, mientras que parece alargarse en el tiempo si los partícipes son socialistas", dijo Sanz en una rueda de prensa que ofreció en Cádiz.