La Audiencia Nacional ha pedido los movimientos bancarios de los ex alcaldes socialistas de Algeciras entre 2005 y 2011, Tomás Herrera y Diego Sánchez Rull, dos de los acusados en el caso Fitonovo, una presunta trama corrupta de sobornos a funcionarios a cambio de contratos públicos.

Además de las indagaciones de cuentas de los ex alcaldes, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata solicita investigar las cuentas del ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Manuel Gómez Lobo y las del ex asesor del grupo municipal de IU en el mismo consistorio, Antonio Miguel Ruiz.

Entre las cuentas que el juez pide investigar se incluye una a nombre del PSOE en Algeciras en la que figura como autorizado el ex alcalde Sánchez Rull y otra del mismo partido en Sevilla en la que estaba autorizado Gómez Lobo, según recoge el auto, con fecha 18 de octubre y al que ha tenido acceso Efe.

El magistrado ordena esta diligencia tras recibir de la Agencia Tributaria la petición de diligencias "para indagación de posibles ingresos no declarados" de los cuatro acusados en este caso, también conocido como Madeja y que empezó a instruir Mercedes Alaya en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, ciudad en la que está la central de la empresa Fitonovo.

Los funcionarios del departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra la Hacienda Pública de la Agencia Tributaria, en funciones de auxilio judicial en la causa, presentaron al juez varios informes sobre estos cuatro investigados. Los informes presentados se referían a los "flujos de efectivo y cambios patrimoniales" de los acusados entre 2010 y 2011, periodo que en el caso de Gómez Lobo, concejal entre 2003 y 2007, se refiere a los años 2004 y 2009.

La Audiencia Nacional asumió el caso en julio de 2015 porque consideró que esta red corrupta, con 96 imputados, ha causado una "grave repercusión" a la economía nacional al afectar a más de una comunidad autónoma, y además conlleva una "compleja instrucción" por el elevado número de personas involucradas.

En el caso se investigan comisiones por parte de la empresa Fitonovo a cambio de contratos, que habrían causado perjuicios a instituciones públicas de Andalucía, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Madrid, y también al Ministerio de Fomento, a los ayuntamientos de Sevilla, Algeciras y La Carolina (Jaén) y a la empresa pública Adif.

El juez relata que la dirección de la empresa "creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares" mediante "una red de funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación", y habilitó asimismo una "caja b que se nutría de facturación falsa" para pagar sobornos a empleados públicos de todo tipo y también a políticos.