Cada vez parece más claro que, de llegar, la solución al colectivo de ex trabajadores de la factoría de Delphi que cerró en Puerto Real en el año 2007, pasará por una decisión judicial. Ayer se conocieron dos resoluciones de importancia para este colectivo.

La propia asociación de ex trabajadores de Delphi anunciaba que el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla ya instruye diligencias previas tras admitirse a trámite la denuncia penal interpuesta por esta asociación contra los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como contra los ex consejeros Antonio Fernández y Manuel Recio (responsables del área de Empleo entre 2007 y 2012) por la supuesta simulación de contratos laborales cuando el colectivo recibía formación.

Desde esta entidad, que aglutina a unos 400 ex trabajadores y es independiente de los sindicatos, pues se creó a raíz de la "desconfianza" sobre cómo están llevando este asunto, se explicó ayer al respecto que confían en que prospere el procedimiento penal que emprendieron inicialmente contra Chaves, Griñán y contra los ex consejeros de Empleo, así como contra todo aquel al que puedan extenderse las responsabilidades derivadas de la supuesta simulación de contratos laborales cuando el colectivo recibía formación, que ha sido "sumamente perjudicial" para los trabajadores. Consideran que puede haberse incurrido en posibles delitos de prevaricación, simulación de contratos y falsedad documental.

Desde la asociación recordaron que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con fundamento en un informe de la Inspección de Trabajo, considera simulados dichos contratos laborales, sirviendo dicho informe para sancionar a empresas que impartieron la formación y que reaccionaron "demandando a los trabajadores". Los juicios están señalados para los años 2017 y 2018. Al respecto, recordaron también que uno de los tres juzgados de lo Social que llevan el asunto ha desestimado los recursos de los ex trabajadores y ha acordado aplicar la medida cautelar solicitada por el SEPE de suspender el subsidio a los afectados. Asimismo, destacaron otros perjuicios como la posible anulación de los periodos de cotización o el dictado de una sentencia que les obligue a devolver las prestaciones. Y todo pese a que la propia Inspección de Trabajo señala en su informe que fueron "ajenos a tal simulación" y que "no intervinieron ni en la elaboración ni en la puesta en marcha de estas iniciativas".

En su opinión, esto es "más grave aún" si se tiene en cuenta que para mantenerse en el Dispositivo de Tratamiento Singular (DTS) "se exigió a cada uno de ellos la firma de un contrato de adhesión individual que implicaba el compromiso de aceptación y cumplimiento de los planes de formación y de las contrataciones laborales que ahora parecen resultar no ajustadas a derecho".

La segunda novedad judicial llegaba, esta vez, desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Según informaba también la propia asociación de ex trabajadores de Delphi, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal andaluz ha desestimado la demanda formalizada en 2015 por "inactividad" de la Junta en su obligación de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos tras el cierre.

En la sentencia del TSJA, a la que ayer tuvo acceso Europa Press y contra la que no cabe recurso, la Sala emite un fallo desestimatorio al entender que el protocolo de colaboración suscrito tras el cierre y sus 16 desarrollos posteriores "no son verdaderos convenios de colaboración bilateral", sino un "compromiso institucional con los sindicatos de adoptar medidas socioeconómicas que participan más de la naturaleza subvencional".

De hecho, el Alto Tribunal entiende que los protocolos fueron "el instrumento o disfraz para dar cobertura a una serie de actuaciones de fomento y canalizar ayudas directas, huyendo así de las normas que regulan el procedimiento de subvención pública". En vistas del fallo del TSJA, la asociación informó de que su siguiente paso será enviar requerimientos los representantes de CCOO, UGT, CGT y USO firmantes del acuerdo del 4 de julio de 2007, pues "si los tribunales dicen que todo fue un disfraz, tendrán que aclarar si tenía intereses personales", sin descartar emprender nuevas acciones judiciales por ello".