Seis años después de que el robo de 7,8 millones de euros del Ayuntamiento de San Fernando saliera a la luz y desatara una tormenta política y social de dimensiones desconocidas, la tesorera y el interventor -María de las Virtudes Gómez Montero y José Antonio López Fernández, los dos funcionarios municipales de máximo rango en materia económica- han sido imputados por la juez que recientemente se ha hecho cargo de la instrucción del proceso.

El auto dictado el pasado día 20 por la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número dos -que trascendió ayer, una vez notificado a las partes- implica directamente a ambos responsables en la causa penal al entender que la ausencia de celo en los mecanimos de control más básicos permitió el robo continuado de la caja de efectivo de las oficinas de Hacienda de manera diaria durante casi siete años.

No es, desde luego, un argumento nuevo. Sobre esta cuestión insistían las conclusiones de las primeras investigaciones policiales que se llevaron a cabo en 2009, el controvertido informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía y también el Tribunal de Cuentas durante el juicio contable que, como responsables subsidiarios, les condenó en 2013 al pago de 67.000 y 29.544 euros (aunque se ha presentado un recurso de apelación contra esta resolución).

Ahora, no obstante, la juez habla de una conducta "dolosa" por parte de interventor y tesorera habida cuenta de la "ausencia absoluta de las funciones de control" que tenían encomendadas por su cargo, lo que les relaciona con el presunto delito de malversación de caudales públicos cometido supuestamente por los cajeros, Clemente Ruiz y María José Lebrero, a los que desde un primer momento se les considera como principales sospechosos.

El auto es especialmente duro con los dos funcionarios responsables de la custodia de los fondos públicos, a los que se les recuerda el "burdo" sistema que supuestamente se utilizaba en el desfalco y que, sin embargo, no fue detectado en casi siete años. La juez considera que el robo se perpetró durante tanto tiempo porque no cumplieron con sus obligaciones más básicas, la de controlar y fiscalizar las cuentas. De ahí que se les haya citados en calidad de imputados a principios de septiembre para tomarles declaración.

La imputación de la tesorera y del interventor, no obstante, ha sido recurrida por la Fiscalía, que no comparte el criterio de la juez al considerar que el Código Penal vigente no contempla como delito la supuesta actitud negligente de los funcionarios. No hay, insistía ayer el fiscal, ninguna prueba de que se relacionen directamente con el robo de la caja -se descarta desde el primer momento esta posibilidad- ni de que conocieran y consintieran lo que estaba ocurriendo en las oficinas municipales de Hacienda. Fueron, de hecho, ambos funcionarios los que denunciaron la existencia del desfalco en abril de 2009 al tener constancia de lo que estaba pasando en la caja. El recurso presentado por la Fiscalía tendrá que ser resuelto ahora por la Audiencia Provincial. En este sentido, se ha solicitado también que se aplace la citación de ambos funcionarios hasta que se confirme su imputación en el proceso.

El auto implica también el sobreseimiento de la causa para la suegra de Clemente y para la viuda de Alí Buselham (conocido como Iván), amigo y socio de Clemente en algunos negocios. También plantea la separación de la causa en dos partes para incoar nuevas diligencias previas en la investigación de la trama marroquí -hay imputadas otras cuatro personas pendientes de declarar- y el supuesto delito de blanqueo de dinero. Se pretende así avanzar en la causa por malversación, enquistada desde hace varios años debido, en parte, a las dificultades con las que se ha chocado al investigar el posible paradero del dinero en el extranjero.

En este sentido, se insiste en la comisión rogatoria librada a Marruecos para que los imputados del clan marroquí presten declaración y se dicta también una orden de búsqueda y captura, que tendrá carácter internacional si en un plazo de tiempo prudente no se consigue que estos imputados presten declaración. La Fiscalía también ha recurrido estas cuestiones al oponerse, al menos de momento, a la separación en dos de la causa.