Después de muchos meses de conflicto, la Junta de Andalucía anunciaba en la tarde de ayer que está ultimando la incorporación de los agentes locales de promoción de empleo (ALPE) que tienen declarada la nulidad de sus despidos, y que ha enviado ya a los juzgados un escrito en el que solicita que se requiera a los trabajadores afectados que manifiesten en qué entidad desean incorporarse.

Los últimos datos ofrecidos por los representantes de este colectivo (unos 787) elevan la cifra de despedidos con sentencias firmes favorables a unos 600 agentes de empleo en toda Andalucía, si bien la Consejería de Economía precisó ayer a Efe que se reincorporarán "aquellos cuya situación judicial lo permita". No obstante, la Junta recordó que algunas sentencias no solo afectan al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y a los consorcios UTEDLT sino que en ocasiones también se condena solidariamente a los ayuntamientos consorciados y a la Consejería de Economía Innovación, Ciencia y Empleo.

En el escrito enviado a los juzgados de lo Social también se detallan las dificultades que ha atravesado todo el proceso de reincorporación de estos trabajadores, que han causado asimismo la demora en el cumplimiento de las sentencias, aseguró en un comunicado la Consejería de Economía. Así, en el escrito se menciona la falta de disponibilidad presupuestaria para financiar los gastos de personal de los ALPE, ya que la financiación del programa de desarrollo local que desempeñaban corría a cargo de fondos estatales que tuvieron dotación suficiente hasta el año 2011, con 26,7 millones en ese ejercicio. Sin embargo, en el año 2012 fueron "drásticamente reducidos" en mayor volumen que el recorte que sufrieron las políticas activas de empleo por parte del Ministerio, quedando la partida presupuestaria para 2015 en cero euros, aclaró la Junta.

Este asunto es especialmente llamativo en la provincia de Cádiz. Su portavoz, Antxón Urrestarazu, explicó a este periódico que comparte la valoración que ayer realizó el colectivo a nivel andaluz: "Con la de veces que nos han mentido, ya no nos creemos nada. Lo creeremos cuando veamos a la gente trabajando", aseguró.

Y basó su crítica en el hecho, según relató, de que ayer mismo se celebraba un juicio en Cádiz con un ALPE con sentencia judicial en firme, "y la Junta volvió a presentar alegaciones y hablar de no disponibilidad presupuestaria. ¿Cómo ocurre esto por la mañana y por la tarde dicen lo contrario?", se preguntó. Incluso, el portavoz en la provincia detalló que "ya ha habido en Cádiz dos o tres casos en los que el Juzgado ha ordenado a la Seguridad Social que dé alta de oficio a estos compañeros, con sentencias ya en la vía ejecutiva".

Urrestarazu recordó que en la provincia hay unos 80 agentes de empleo, "de los que alrededor de 60 tienen sentencias en firme y, al menos la mitad, ya están en vía ejecutiva". En este sentido, argumentó que "sabemos que la Junta está preocupada por la repercusión penal que pudiera tener este asunto, porque hablamos de posibles delitos de desobediencia a la justicia, y tal vez por eso ahora se están dando prisa".