La Fiscalía no se mueve un ápice en su posición. Considera que la ex alcaldesa de Jerez Pilar Sánchez fue la "cabeza pensante" de un plan para beneficiar a la empresa sevillana TISA para que no solo se instalara en el Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA), cuando su actividad no iba en consonancia con el propósito de este enclave industrial, sino que también se acogiera una subvención para que la parcela que compró le saliera más barata.

Ayer, en la penúltima sesión de la vista oral por el caso PTA, que se está desarrollando en la sede jerezana de la Audiencia Provincial, el representante del ministerio público, Manuel Arjona, reiteró la argumentación que ha mantenido durante la instrucción y posterior procesamiento de esta causa. En sus conclusiones, solicitó a los magistrados que elaboren una sentencia "ejemplar" ante un caso donde "unos gobernantes decidieron de manera discrecional una subvención y utilizaron a los técnicos de una manera inconcebible para una administración". De hecho, subrayó que la concesión de la ayuda económica se hizo "irregularmente saltándose toda normativa de manera grotesca y grosera". Así, situó a Sánchez como la "responsable que ordena y manda" para que se beneficiara a la firma y que participó "de manera activa" en el proceso para concederle la subvención, de ahí que se esforzara en evitar que hubiera informes técnicos "con reparos", una de sus principales líneas de defensa en este juicio.

La Fiscalía, tal y como se conoció el martes, mantiene la petición de pena de siete años de prisión para la anterior regidora por los delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial y fraude a la administración en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos. Para los ex ediles Francisco Lebrero y María del Carmen Martínez, el fiscal reclama penas de cuatro años y medio y cinco años y medio de cárcel, respectivamente, al considerar que eran los "brazos ejecutores" de Sánchez.

En la sesión de ayer, Manuel Arjona afirmó que hay una "prueba documental importante" para que la sentencia sea condenatoria ya que de las testificales realizadas durante la vista oral no se pueden sacar "conclusiones" en su mayoría ya que hubo "gente que ha declarado con temor y miedo" por las "presiones" que han sufrido durante la instrucción. Para el fiscal, TISA, una sociedad domiciliada en una clínica estética, "no debería haber entrado en el PTA" puesto que su actividad estaba centrada en el sector sanitario mientras que el polígono tiene una vinculación con la agroindustria. En este sentido, explicó que Jesús Parra, el técnico municipal que se encargó en un primer momento de valorar la propuesta realizada por TISA, le dio "la máxima puntuación posible" basándose en los criterios establecidos por el desaparecido Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) y Emusujesa para implantarse en el enclave.

Sin embargo, el proyecto de la empresa distaba de conseguir la máxima subvención en la adquisición del suelo. De ahí que, según la versión del fiscal, el empleado municipal fuera citado por Pilar Sánchez a su despacho donde le pidió una puntuación mayor -Parra declaró que Sánchez le pidió que le "diera cariño"-. Acto seguido, le entregó una documentación complementaria del proyecto donde TISA incorporaba por primera vez que la planta de elaboración de oxígeno para uso sanitario tendría una nueva "línea" de negocio vinculada a la acuicultura, un cambio que buscaba ajustarse a los objetivos del parque para obtener una mejor valoración.

El fiscal sostuvo que Parra recibió "presiones" de sus superiores, tanto de María del Carmen Martínez como de Francisco Lebrero, para que emitiera un nuevo informe; finalmente hizo un "borrador" que no firmó y que remitió a Juan Carlos Jiménez, anterior jefe del gabinete de Alcaldía y marido de la ex alcaldesa, y a Javier Moreno, cargo de confianza de Lebrero en el Instituto de Promoción y Desarrollo, un documento que se "modificó" en Alcaldía por parte de Pilar Sánchez y María del Carmen Martínez para que TISA obtuviera la máxima puntuación.

Por su parte, el abogado de Pilar Sánchez, Juan Pedro Cosano, centró su intervención en afirmar que la argumentación sostenida por la Fiscalía está basada en la "especulación" y en "sospechas" que no permiten sostener que incurriera en algún hecho delictivo. Cosano negó que haya quedado acreditado durante el juicio que hubiera algún tipo de "presión" a los técnicos municipales que participaron en el proceso. "Ningún testigo lo ha dicho pero el fiscal lo obvia porque así no se le cae su castillo de naipes", advirtió.

Asimismo, puso en duda de que se produjera la reunión entre la anterior regidor y el técnico que elaboró el primer informe de valoración, Jesús Parra, y negó taxativamente que le presionara para una nueva puntuación. El abogado explicó que el primer informe de valoración no era tal sino una "ficha" para la solicitud de adquisición de suelo en el parque mientras que el segundo, que no estaba firmado, fue el requerido para la "ayuda" económica municipal. Incluso, detalló que la subvención no puede considerarse como tal ya que no se ajusta a la definición jurídica para este beneficio económico.

El juicio, que se ha desarrollado durante tres semanas, quedará hoy visto para sentencia con las conclusiones del resto de los letrados letrados defensores.