Como rotulaba la inolvidable serie de dibujos animados, no se vayan todavía, amigos, aún hay más. Con esta frase puede resumirse el estado de la investigación del fraude de Bahía Competitiva, el que detectó la creación de empresas fantasma que accedieron a dinero público otorgado por el Plan Reindus, del Ministerio de Industria, y que eran aprobados, en la provincia de Cádiz, por una comisión de baremación formada por representantes de la Junta y de la Diputación. Y es que, pese al elevado número ya de implicados que han pasado por el Juzgado número 4 de Cádiz, bajo la responsabilidad de Lourdes del Río, la historia no ha acabado. Este periódico ha podido saber que algunos de los que ya han respondido por este asunto en calidad de testigos, volverán a hacerlo pero esta vez como imputados.

Por sede judicial han pasado ya tres exconsejeros (Antonio Fernández, Antonio Ávila y Martín Soler), distintos cargos de la Junta de Andalucía, del Ministerio de Industria en la etapa de Gobierno de Zapatero, así como distintos cargos de la Administración andaluza en Cádiz y en la Diputación socialista de aquella época.

Precisamente, la magistrada y el equipo policial que dirige la investigación continúan indagando en los innumerables documentos incautados durante el proceso. Eso, unido a lo dicho por estas personas en sus testificales, hará que en poco tiempo sean llamados de nuevo.

Sea como fuere, en todo este proceso siguen existiendo preguntas que, con el paso de los meses, van encontrando algunas respuestas. Una de ellas, por ejemplo, es la que se refiere al destino del dinero defraudado. Sólo en la provincia de Cádiz, las solicitudes presentadas y aprobadas para proyectos a nombre del gallego Alejandro Dávila Ouviña (y que fueron objetos de reclamación por parte de Industria), el montante superaba los 20 millones de euros.

De todo lo defraudado, parte se destinó a compra de terrenos, como por ejemplo el polígono de Alcalá de los Gazules donde Ouviña proyectó ejecutar parte de sus ideas pero que, finalmente, quedó vacío, sin urbanizar y, además, impidiendo al Ayuntamiento alcalaíno poder ejecutar su desarrollo.

Otra parte permanece bloqueada en cuentas corrientes que fueron intervenidas por la Policía en el inicio de la investigación. Y otra parte fue utilizado para otras empresas que nada tenían que ver con el fraude de Bahía Competitiva, a no ser por el responsable de estos proyectos, Joaquín Arespacochaga.

Hay que volver a recordar que este abogado, hijo de Juan Arespacochaga, exalcalde de Madrid, ya tenía relación con la provincia de Cádiz: a mediados de los 90, se embolsó 850 millones de pesetas por la venta del poblado de Sancti Petri al Ayuntamiento de Chiclana. Según ha conocido este periódico, un buen día, el propio Arespacochaga contactó con Dávila Ouviña al que, de inmediato, encomendó una labor: dar con el político adecuado.

Y ese político fue Antonio Perales. Los investigadores tienen claro que el exresponsable de la Oficina Bahía Competitiva no se enriqueció con esta operación; es más, están convencidos de que no actuó de mala fe. En todo caso, pecó de irresponsabilidad.

Y fue a través del despacho familiar de los Arespacochaga como se fragua el entramado de negocios que acabaron por demostrarse ficticios. Eso sí, de no haber reclamado Industria el dinero, los ideólogos de este plan se hubieran embolsillado más de 30 millones de euros sin haber dejado apenas rastro. Por eso, en breve, el Juzgado número de 4 de Cádiz comenzará de lleno a investigar esta parte de la trama.

Deberán explicar, como dijo la Policía Nacional el día de la detención del abogado madrileño, cómo acabó parte del dinero en Luxemburgo, aunque también se le conocen otros paraísos fiscales en distintos enclaves.

Y, por último, se espera que Dávila Ouviña también vuelva a pasar pronto ante la magistrada Lourdes del Río.