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Provincia de Cádiz

La Fiscalía pide cuatro años de prisión para la alcaldesa de Rota por falsedad documental

  • El fiscal solicita para Lorenzo Sánchez, alcalde de Rota en la época de los hechos, la pena de 8 años y seis meses de inhabilitación especial por el delito de prevaricación continuada

El fiscal ha solicitado 4 años y 6 meses de prisión para la alcaldesa de Rota, Eva María Corrales, por el delito de falsedad documental al haber encargado a un funcionario del Ayuntamiento diversos trabajos y retribuirlos como horas extraordinarias.

En su escrito de acusación, el fiscal acusa además a Corrales, que entonces era delegada de Fiestas de un delito de prevaricación continuada por los trabajos realizados por el funcionario Manuel García junto a su esposa fuera de las horas de la jornada laboral de Manuel en un taller de costura que ambos tenían en su domicilio.

En el texto también se pide para Lorenzo Sánchez, alcalde de Rota en la época de los hechos, la pena de 8 años y seis meses de inhabilitación especial por el delito de prevaricación continuada.

El fiscal considera probado que entre enero de 2007 y agosto de 2010 le fueron adjudicados a Manuel García suministros por un valor de 42.363,306 euros abonados en su nómina como gratificaciones extraordinarias alcanzando las 4.398 horas, incluso en periodos vacacionales. Por ello solicita para él 2 años de prisión.

Manuel y su mujer, Josefa, acusada en calidad de cooperadora necesaria, realizaban trabajos como el bordado para las bandas de damas de las fiestas de la localidad.

Para abonar dichos trabajos también se expedían cheques a nombre de Josefa que eran firmados por el alcalde, Lorenzo Sánchez.

El fiscal considera que se fingió la realización de horas extras mediante partes los cuales "fueron creados 'ad hoc' para dar apariencia de legalidad a una contratación improcedente de Manuel García con la única finalidad de ocultar dicha ilegalidad".

El fiscal considera que María Eva Corrales, "era la persona que previamente proponía a la Junta de Gobierno Local la aprobación del gasto y el entonces alcalde roteño intervenía en dichas Juntas de Gobierno Local en las que se aprobaba el gasto, "teniendo conocimiento que los trabajos se encargaban".

En el escrito también se solicita pena de privación de libertad de 4 años para Jose María Caballero, técnico de la Delegación de Fiestas y para el delegado de Fiestas y delegado de Personal, Ismael Puyana.

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