Los juzgados llevarán a cabo una importante operación descongestionadora de archivos que permitirá oxigenar espacio en las dependencias judiciales. En total serán 75.000 cajas de archivos de expedientes que irán a parar a los almacenes de la empresa de archivos documentales de Zona Franca. Según los cálculos de la Junta, esta cifra abarca más del 30% de la documentación judicial de la provincia. "Los órganos judiciales de la provincia están muy sobrecargados de papel. A través de esta iniciativa de la Junta y la secretaría de coordinación colaboramos con la distribución de los archivos", explicó a este diario el coordinador provincial de los secretarios judiciales, Pedro Campoy.

La carencia de espacio en los juzgados es un problema endémico que padecen los tribunales desde hace tiempo y ahora, tras años reclamando esta medida, se consigue liberar. Este movimiento terminará de llevarse a cabo entre finales del presente año y principios del siguiente. De esta manera, desde la Junta se entiende que al mismo tiempo se van previniendo problemas de riesgos laborales.

El contrato firmado con la sociedad que prestará los servicios tendrá la función de cotejo, inventariado, traslado, custodia y servicio de consulta de los expedientes judiciales. Sólo los órganos judiciales instalados en la capital expedirán 35.000 cajas de expedientes archivados. Otras 20.000 cajas de expedientes pertenecen al resto de los tribunales que comprenden la Bahía de Cádiz, el mismo número de cajas serán trasladadas desde los órganos judiciales del Campo de Gibraltar.

La documentación que será sustraída de las sedes judiciales será la que por antigüedad ya no precise de seguimiento diario por parte de los funcionarios. En cada juzgado se ha procedido a hacer una selección de los documentos pertinentes que habían de ser trasladados a estos almacenes. Una vez allí, estará a disposición judicial en todo momento que se requiera, no suponiendo esta acción que los documentos enviados ya no podrán ser consultados por los funcionarios que así lo requieran.

"Hacía tiempo que no había medidas de este tipo. No se había producido de forma generalizada. Somos la primera provincia que hemos organizado esto. Esta operación está prevista que se finalice antes de principios del año que viene. Ahora luchamos porque se mantenga y que se amplíe a las necesidades que surjan", aclaró Pedro Campoy.

Desde la Junta, se asegura que la sociedad en la que se ha depositado la confianza cumple con los requisitos oportunos para el trato de estos archivos vitales y que tienen los conocimientos oportunos para respetar la Ley de Protección de Datos. "Habrá archivos con valor documental histórico. Miles de expedientes que tienen que ir estudiándose y siempre mirando los requisitos legales", comentó Pedro Campoy. Este mismo aseguró que las sedes.

Y agregó: "Se intentan compensar la cantidad de procedimientos a las necesidades pero todavía no están las cantidades salvadas. Hay juzgados que se les ha aliviado pero no todo lo que se debería. Somos una administración un poco olvidada por el poder, no se invierte tanto".