La sección primera de la Audiencia Provincial de Cádiz ha ratificado la sentencia que hace poco más de un año dictaba el Juzgado de lo Penal número 2 de Cádiz, por el derribo de la parte trasera de la portuense Casa de las Cadenas, un edificio histórico catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), unos hechos ocurridos hace ya diez años, siendo entonces alcalde de El Puerto el independiente Hernán Díaz Cortés. Esta sentencia supone la desestimación de los recursos que los condenados habían presentado tras el fallo del Juzgado gaditano.

Así, se confirman las penas de inhabilitación para cargo público durante un periodo de ocho años para el ex-alcalde, Hernán Díaz, y el entonces concejal de Urbanismo del Ayuntamiento portuense, Juan Carlos Rodríguez, mientras que el funcionario Fernando Jiménez Fornell también queda inhabilitado por ocho años para ejercer como funcionario público. Hasta ahora, Fernando Jiménez Fornell ha sido jefe del servicio municipal de Licencias y Disciplina Urbanística.

El parlamentario andaluz de Izquierda Unida por Cádiz, Ignacio García, ha mostrado su satisfacción por la sentencia, que también condena a los constructores Rufino Rafael Naves Llaneza y Juan Ignacio Naves Arambarri a las penas, para cada uno de ellos, de un año y seis meses de prisión y la de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y de profesión u oficio relacionado con la construcción y promoción inmobiliaria durante el periodo de la condena, así como al pago de una multa de 15 meses con una cuota diaria de 20 euros (9.000 euros cada uno) con una responsabilidad personal subsidiaria para el caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, todo ello como "autores criminalmente responsables de un delito de daños contra el patrimonio histórico". Asimismo, la Audiencia condena a los constructores, en concepto de responsabilidad civil, "a la obligación personal de proceder a la reconstrucción del inmueble demolido, descrito en los antecedentes de esta sentencia, a su estado originario" y a indemnizar a la Junta de Andalucía "en la cantidad a determinar en ejecución de sentencia por los daños causados al patrimonio".

La sentencia libera además a Izquierda Unida del pago de las costas procesales derivadas de haberse personado en la causa.

El parlamentario de IU, que en el momento en que se produjeron los hechos era concejal y portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de El Puerto, señaló ayer que "ha merecido la pena este largo camino", a la vez que ha considerado "justo que se libere a quien ha ejercido la acusación particular, a quien alertó de los graves daños causados contra un bien público, de pagar las costas del proceso". No obstante, García ha lamentado que "se hayan necesitado diez años para lograr un fallo en firme sobre este asunto" y ha considerado que "este tremendo retraso rebaja los efectos de la condena y le quita efectividad a lo que puede tener de disuasorio una condena de este tipo".

El ex portavoz de IU en El Puerto incide también en "la laxitud de las condenas a los dirigentes públicos corrompidos" y califica de "claramente insuficiente que delitos de prevaricación administrativa, que es una forma fina de llamar a la corrupción, se limite a la mera inhabilitación política, sobre todo en el caso concreto de Hernán Díaz, ya retirado de la política o a Juan Carlos Rodríguez". En este sentido, García no considera razonable "la diferencia de tratamiento entre las penas impuestas a los constructores y las que han recaído sobre los responsables políticos", dejando patente la defensa de IU al aumento de las penas en los casos de corrupción y la petición de mayor agilidad para este tipo de procesos.