Operarios de la empresa Excavaciones, Demoliciones y Transportes Juan Romo SA, con sede en Jerez, y consignada por Disciplina Urbanística, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, acometieron ayer la orden de derribo de una edificación de 160 metros cuadrados levantada hace más de una década en zona de servidumbre de costa.

Según apuntaron fuentes de la Junta, esta actuación no parte de una iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente, que actúa en este caso de forma subsidiaria al no atender Félix Martín, propietario de la casa, los requerimientos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cádiz.

Según estas mismas fuentes, se trata de una vivienda de una sola planta construida en zona de servidumbre de Dominio Público Marítimo-Terrestre, además de estar asentada en suelo no urbanizable de especial protección. Igualmente se destaca que no se trata de una vivienda de primera residencia.

Esta demolición realizada ayer con una retroexcavadora es parte de una resolución de la Consejería de Obras Públicas que data del año 2004: El propietario de la casa la ha estado recurriendo a lo largo de diez años en los juzgados, hasta que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de la capital gaditana ha dictado la orden de demolición ejecutada bajo la vigilancia preventiva de varias dotaciones de la Policía Autonómica.

Antes de ejecutarse esta demolición, según las mismas fuentes, han sido dictados otros cinco autos de demolición que desestimaban las alegaciones presentadas por el propietario del inmueble. Al no realizar ese derribo el dueño de la casa, la Consejería de Medio Ambiente se encarga de la operación de forma subsidiaria.

Disciplina Urbanística de la Junta de Andalucía actúa siempre de manera subsidiaria a Urbanismo del Ayuntamiento de Vejer. Es decir, que la Junta actúa al no hacerlo el Consistorio. No obstante, el alcalde de Vejer, José Ortiz, matizó ayer esa puntualización. "Eso es zona de servidumbre y ellos tienen las competencias para bien o para mal", dijo Ortiz. 

Pocos minutos antes de que diese inicio la demolición, y ya con la máquina retroexcavadora y la Policía Autonómica en el lugar, Félix Martín, argumentó que "la situación de hoy viene de un expediente de derribo de hace 13 años que venimos recurriéndole a la Junta por una interpretación de la sentencia que en un principio hablaba de un derribo de 70 metros cuadrados, cuando la edificación es de 140". Según este vecino de El Palmar, "hay sentencias por ahí que dicen que es de ejecución imposible porque no concuerdan los metros".

"Pero aquí yo no sé qué hay. De hecho, hay sentencias de otros expedientes que se han librado así, pero aquí vienen a saco. Están entrando en una propiedad privada que nada tiene que ver con lo mío, sin pedirle permiso al dueño del terreno para hacer el derribo. A Francisco Ventura nadie le ha pedido permiso para entrar por lo suyo para derribar lo mío", se lamentó Martín, quien dijo que él no sabe de leyes pero que era "un allanamiento de propiedad total".

"No sé a qué viene el interés de la Junta para tirar hoy esta casa", añadió Félix Martín. "La vivienda", aseguró, "no está en Dominio Público, está en servidumbre de Costas, detrás de otra casa y con una línea de viviendas por delante, como todas las que hay en El Palmar, donde hay 3.000 casas".

Varios amigos y vecinos del propietario de la vivienda demolida le ayudaron la noche anterior a desalojar los enseres de la casa al dar por perdido el pulso legal.