Los sindicatos firmantes del protocolo de Delphi (CCOO, UGT, CGT y USO) se reunieron ayer por la mañana para valorar la noticia de la imputación del ex consejero de Empleo Antonio Fernández por parte de la juez Mercedes Alaya.

Un portavoz de los ex Delphi confesó que la sorpresa fue el denominador común en el encuentro mantenido ayer por los representantes sindicales, ya que afirma que "una cosa son los cursos de formación que se han hecho y otra cosa su financiación".

Este representante dijo que "aquí poco tenemos nosotros que decir, ya que sólo nos preocupábamos porque, en cumplimiento del protocolo firmado, debíamos recibir una formación y ese era nuestro objetivo". "No teníamos poder para entrar ni salir en si la financiación venía de un sitio o de otro", aseveró la citada fuente sindical.

Otra de las batallas pendientes de este colectivo es ejercitar presión ante las administraciones para la acreditación profesional oficial u homologación de los antiguos trabajadores de Delphi que han realizado el proceso de formación posterior al cierre de la factoría, con el fin de facilitar al máximo su acceso a un puesto de trabajo.

A este respecto, y preguntado por este periódico, el portavoz de los ex Delphi expresó su confianza en que el proceso judicial abierto ahora por la juez Alaya contra el ex consejero Fernández no obstaculice el camino para conseguir la homologación de la formación recibida por los extrabajadores de la empresa radicada en Puerto Real.

Además defendió que "los cursos no fueron malos porque la formación, lo principal al fin y al cabo, era correcta". A esto añadió el portavoz de os ex Delphi que "los políticos deben ser consecuentes y saber lo que firman porque ahí sí que no entramos nosotros, en el tema de la financiación de esos cursos recibidos por este grupo de ex empleados".

Recordar que Alaya dictó una resolución en la que cita a declarar como imputado el próximo día 24 de octubre a Antonio Fernández en relación con las ayudas que la Junta concedió por importe de 52 millones de euros para el plan de formación de los extrabajadores de Delphi.

Por otra parte, este periódico contactó ayer con Antonio Fernández, que optó por no hacer declaraciones sobre el anuncio de su imputación, ya que afirma no haber recibido ni él, ni su abogado, ni el procurador, ningún tipo de notificación oficial.

La portavoz del PP de Cádiz, Ana Mestre, se mostró ayer igual de cauta, "ya que la investigación está abierta y mejor respetar los procesos judiciales". A pesar de ello, Mestre afirmó que "estas concesiones de ayudas a la formación a los ex Delphi han olido siempre mal".

Este periódico intentó contactar con Irene García, como secretaria provincial del PSOE, pero ésta prefirió no entrar en valorar.