Después de un día repleto de reacciones políticas tras los incidentes protagonizados por los extrabajadores de Delphi el pasado jueves, a media tarde de ayer, la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, anunciaba que su partido no se sentará a dialogar el próximo día 2 con IU y PP, como había asegurado ella misma el jueves, para intentar una solución conjunta para el colectivo. Pero, además, en un comunicado aseguró que ha pedido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que no se desplace mañana domingo hasta Chiclana, donde había anunciado su presencia para participar en la Fiesta de la Primavera del PSOE.

Esta circunstancia llama la atención porque se produjo solo horas después de que en una rueda de prensa el secretario de Comunicación de la Ejecutiva provincial socialista, Fernando Silva, indicara que "el PSOE hará campaña con la mayor libertad y claridad, celebraremos nuestros actos porque no vamos a dejarnos intimidar".

Sin embargo, el comunicado de Irene García dejó entrever el enorme enfado de la dirigente socialista. Aseguró que los actos de los ex Delphi alcanzaron el jueves "un estadio superior de crispación, de intimidación, de agresividad verbal hacia las personas y de violencia física hacia las cosas, una escalada de tensión que alcanzó ayer -por el jueves- extremos intolerables".

Irene García recordó que el PSOE presentó durante la tarde-noche del mismo jueves la pertinente denuncia por los daños provocados en la sede provincial. Explicó que estos incidentes se produjeron después de que los extrabajadores supieran de la convocatoria de una reunión para el próximo día 2 junto a IU y PP para lograr encontrar una propuesta conjunta. Sin embargo, ayer anunció que "ese encuentro deja de tener sentido en este nuevo escenario". "Cuando los gritos tratan de imponerse a la búsqueda de consensos y cuando la amenaza quiere prevalecer sobre la legitimidad democrática, los socialistas entendemos que no cabe seguir manteniendo esa mesa de diálogo de ámbito político, porque la política es lo más ajeno a este tipo de comportamientos", añadió.

Irene García incidió en el "compromiso" del PSOE de Cádiz con este colectivo, pero recordó la "realidad que viven los más de 200.000 gaditanos que se encuentran sin trabajo, que merecen la misma consideración y que no entenderían que se establecieran diferencias de trato ante una misma situación, ante unas consecuencias sociales igualmente graves".

Por otra parte, "y a tenor de estos últimos acontecimientos", Irene García también anunció que ha solicitado a la secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que finalmente no asista a la Fiesta de la Primavera que el PSOE de Chiclana celebrará mañana. "Ante la posibilidad de que la presencia de la secretaria general pueda utilizarse para que alguien trate de enturbiar ese acto de confraternización, le he pedido que no acuda", finalizó.

Por la mañana, desde el PP, lo primero que hizo ayer el presidente del Partido Popular en Cádiz, Antonio Sanz, fue condenar "enérgicamente" los actos vandálicos y los ataques cometidos por los extrabajadores de Delphi el pasado jueves contra el PSOE e IU. Pero, a continuación, se posicionó del lado de este colectivo, de su causa, la que persiguen desde que cerró la fábrica en 2007.

En rueda de prensa, Sanz dijo ser "consciente" de que hay "muchos nervios y mucha desesperación" por parte de las familias después de "muchos años de incumplimientos por parte de la Junta de Andalucía", si bien dijo entender que "no se pueden perder las formas". Y, antes de conocer la postura socialista, desveló los tres puntos que su partido tenía previsto poner encima de la mesa en la reunión con PSOE e IU. Dijo que defenderán la cualificación profesional del colectivo, puesto que "tenemos que garantizar que la formación adquirida por los extrabajadores de Delphi cuente con la convalidación y la certificación profesional suficiente para que puedan optar a un puesto de trabajo".

En segundo lugar, solicitará que se estudien por parte de la Junta "medidas de carácter excepcional para ayudar a los más necesitados del colectivo", ya que hay "familias en situación de extrema necesidad". Asimismo, seguirán solicitando a la Administración andaluza "una solución para los terrenos" de Delphi y que "cumpla con el compromiso de empleo que adquirió en su día con los trabajadores".

También habló ayer otro de los protagonistas, el consejero de Presidencia de la Junta, el socialista Manuel Jiménez Barrios, que era esperado a las puertas de la Delegación del Gobierno por un grupo del colectivo. Condenó "enérgicamente" los altercados ya que ese camino "les quita argumentos y razón", y aseguró que "es necesario reconducir la situación y llevarla por el camino del diálogo". Además, lamentó "que se cercene la libertad de expresión, que tanto trabajo nos ha costado", y que "los partidos políticos no puedan celebrar actos con normalidad".

Desde IU se pronunció el vicepresidente de la Junta y responsable de Política Autonómica en la Ejecutiva Andaluza de Izquierda Unida, Diego Valderas, quien dijo que "los gobiernos de cercanía tenemos que ser sensibles con los problemas de la sociedad y efectivamente el tema de Delphi es una cuestión de alta sensibilidad".

Pero fue otro de los protagonistas de la tarde del jueves, el coordinador provincial de IU y delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta, Manuel Cárdenas, quien rememoró ayer lo ocurrido, Aseguró que su formación no va a dejar de celebrar ningún acto político de precampaña y que lo ocurrido con los exDelphi fue una situación "bastante complicada" que "no tiene justificación". "Vernos allí en una situación en la que era difícil mantener el diálogo, cuando uno ve que hay gente con objetos en las manos, pues la verdad es que no es tranquilizador", añadió. Por último, indicó que "no es bueno escuchar por parte del propio colectivo que no les importan los 500, que quieren una solución para los que estaban allí; eso se dice en el marco de una situación límite y desesperada, pero hace perder la perspectiva de todo", dijo Manuel Cárdenas.

Por último, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP), mostró ayer su "mayor rechazo a los hechos". "Nos parece que no tiene ningún sentido. En un país con derecho a huelga y a manifestación, no es necesario atacar las sedes de los partidos ni intimidar a las personas. Lo sentimos muchísimo y lo rechazamos profundamente", concluyó Martínez.