La juez que instruye el caso Bahía Competitiva, Lourdes del Río, ha dictado una nueva providencia en la que llama a declarar a nuevos imputados y, especialmente, incluye la declaración como testigo del expresidente de la Diputación Provincial de Cádiz, el socialista Francisco González Cabaña.

Durante meses se ha especulado con el grado de conocimiento que en esta trama (que juzga el fraude cometido con las ayudas del plan Reindus por importe de 21 millones de euros) tenía Cabaña como máximo responsable del órgano que se encargaba de baremar los proyectos, junto a la Agencia Idea.

Recientemente, el propio González Cabaña, actualmente diputado nacional del PSOE por la provincia de Cádiz, aseguró que estaba dispuesto a renunciar a su aforamiento en el Congreso para ir a declarar al Juzgado, con la intención de poder defenderse. La juez ha tomado ahora la decisión de llamarle a declarar como testigo y deberá hacerlo el próximo 20 de mayo a las 10:00 horas. Fuentes cercanas al caso explicaron ayer que, si de la toma de declaración de Cabaña se desprende relación directa con los hechos, la juez suspendería de forma inmediata dicha declaración y remitiría el caso al Tribunal Supremo. Esto sería así ya que, al ser diputado nacional, no podría ser ya juzgado hasta que el mencionado tribunal solicitase la retirada de dicha protección.

No se llegaría a este extremo si es el propio González Cabaña el que, de forma voluntaria, dejara patente ante la juez que renuncia a esa condición.

En su día, en declaraciones a este periódico, el socialista afirmó que "estoy harto del juicio mediático y de no poder defenderme". Por eso, manifestó su deseo de que la juez que instruye el caso le permitiera testificar. "Quiero defenderme, que la magistrada, que está haciendo una instrucción muy sensata, me permita decir la verdad de todo este asunto, y por supuesto que renunciaré a mi aforamiento". Y también quiso dejar claro que "en ningún momento he intervenido para nada en favorecer a ninguna empresa".

En la misma providencia a la que tuvo ayer acceso este periódico, la juez Del Río incorpora nuevas declaraciones de imputados. De todos ellos, el caso más llamativo es el de Angelines Ortiz, exdelegada provincial de Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, y nueva directora general de Economía Social de la Administración autonómica.

Pese a que ya tuvo que declarar el pasado 27 de febrero en calidad de testigo, ahora la juez ha decidido imputarla. Entonces, Angelines Ortiz repitió que desconocía la mecánica de valoración que se hacía para baremar los proyectos que aspiraban a conseguir subvenciones del Ministerio de Industria. Incluso aseguró desconocer a las personas que formaban parte de la comisión de valoración y que su papel en la comisión de gestión que se celebraba en Madrid, en la sede de dicho Ministerio, era tan solo protocolaria, y solo se daba cuenta de los resultados.

Ahora, según las mismas fuentes, nuevos documentos aparecidos en las últimas semanas podrían haber dado a entender que Angelines Ortiz sí era conocedora de todo el proceso en su calidad de máxima responsable en la provincia de la Delegación de Innovación y, por tanto, de la Agencia Idea. De hecho, según las fuentes consultadas, habría dos comunicaciones entre Ortiz y Teodoro Clavijo (técnico de la Diputación también imputado) en la que la exdelegada le solicita las baremaciones de los proyectos. Hay que recordar que, en su anterior declaración como testigo, aseguró en sede judicial no conocer a Clavijo. Esas contradicciones han pesado a la hora de su imputación. Por tanto, deberá prestar de nuevo declaración ante la magistrada Lourdes del Río el próximo 25 de abril.

Junto a ella lo harán otras tres personas que ya estaban imputadas en el proceso y que también prestaron declaración meses atrás. Se trata de Rosa Mellado, actual gerente provincial de la Agencia Idea; Adelaida Moares, jefa de servicio del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) de la Diputación Provincial; y, por segunda vez, María José Valencia, quien fuera diputada provincial del PSOE y responsable política del mencionado instituto. Todos están citados el mismo día, el 25 de abril, a partir de las diez y media de la mañana.

Al parecer, otra comunicación sitúa a Rosa Mellado en una conversación en la que admite ser conocedora de los problemas existentes en los proyectos baremados y se interesa por las indicaciones que se envían al Ministerio de Industria. Igualmente, Rosa Barreiro, según esa documentación aparecida en las últimas semanas, también sería conocedora de las baremaciones, pese a declarar con anterioridad que tan sólo trabajaba como apoyo logístico de la empresa externa con la que operaba otro de los imputados y ex responsable técnico en la Diputación, Teodoro Garrido.

Por tanto, el 24 de abril también tendrán que declarar, de nuevo, los cuatro técnicos que formaban parte de la comisión de evaluación de la Diputación Provincial de Cádiz: Teodoro Clavijo, Rosa Barreiro, Rosa Rodríguez Cano y Gema Herrera.