El caso Bahía Competitiva dio ayer un paso más en su instrucción con las declaraciones -en calidad de testigos- de Angelines Ortiz, actual directora de Economía Social de la Junta y ex delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz; el ex delegado provincial de Agricultura y Pesca en Cádiz, Juan Antonio Blanco; el director de Infraestructuras y Espacios Productivos de la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Antonio Sánchez, y el secretario general de IDEA, Francisco José Morillo.

Lo cierto es que ninguno de estos cuatro cargos de la Junta arrojó demasiada luz al procedimiento que investiga el supuesto fraude de 21 millones de euros procedentes de las ayudas a la reindustrialización, que fueron concedidas a sociedades relacionadas con un mismo empresario, el gallego Alejandro Dávila Ouviña.

Según las fuentes judiciales consultadas, Blanco y Ortiz defendieron su papel meramente testimonial en la trama de Bahía Competitiva. Poco más se puede decir de Sánchez y Morillo, en cuyas respectivas declaraciones dieron a entender que se limitaban a cumplir órdenes.

No obstante, según ha podido saber este periódico a través de las citadas fuentes, se han aportado al proceso pruebas recientes que posiblemente den como resultado nuevas imputaciones.

De momento, las últimas novedades del caso han sido las declaraciones de Ortiz, Blanco, Sánchez y Morillo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, Lourdes del Río.

Básicamente, la ex delegada de Empleo en Cádiz alegó no saber "nada de nada". Dijo desconocer la mecánica de valoración y baremación de los proyectos Reindus que se estudiaban en Diputación en virtud del convenio suscrito con el Ministerio de Industria; admitió que ignoraba quiénes componían la comisión de valoración y que, por tanto, no conocía a Teodoro Clavijo (técnico de la Diputación para Bahía Competitiva).

Angelines Ortiz explicó ayer que su función se limitaba a ir a la comisión de gestión en Madrid, una reunión protocolaria donde sólo se informaba de los resultados; y que simplemente recogía los listados de los proyectos que se aprobaban. Matizó que no pudo asistir a la comisión de marzo de 2011 porque su padre se encontraba grave.

En relación a los expedientes que se tramitaban en la agencia IDEA (con subvenciones a fondo perdido) la actual directora de Economía Social manifestó que ella sólo los aprobaba, no los valoraba, si bien era la presidenta de la comisión provincial. Ortiz aseguró también que Rosa Mellado, gerente de IDEA, nunca le informó sobre ningún problema.

Juan Antonio Blanco, por su parte, declaró ayer en los Juzgados de San José que fue con Antonio Perales -gerente de Bahía Competitiva- a Galicia y allí conoció a Ouviña y a Segundo Lino (socio de Dávila que al parecer "quería plantar almejas" en Barbate y Alcalá). Los tres -el gallego, su socio y Perales- mantuvieron reuniones en torno a varios proyectos empresariales, pero al ex delegado de Agricultura no le interesaban y "los esperé tomando café", apuntan fuentes del caso.

En cuanto a las declaraciones de los dos altos cargos de la agencia IDEA, hay que subrayar que tanto Antonio Sánchez como Francisco Morillo fueron informados por sus superiores de la existencia de ciertas anomalías en las subvenciones de un conjunto de entidades, todas ellas propiedad de un mismo empresario. A raíz de estas anomalías, el director de Infraestrucutras realizó un informe que, a la postre, sirvió de soporte a la denuncia que redactó el secretario general para presentarlo en Fiscalía en abril de 2011.

Por último, según fuentes judiciales, Morillo dijo desconocer por qué después de presentar la denuncia se siguieron tramitando los expedientes. Y recalcó que en junio de 2011, dos meses después de interponer dicha denuncia, se autorizó tanto por parte del Consejo de Gobierno de la Junta como por parte de la agencia IDEA un incentivo a fondo perdido de 1.561.734,60 euros a la empresa Sostenibilidad, Ecología y Agua, vinculada a la trama de Bahía Competitiva.