La Junta de Andalucía ha solicitado formalmente a Renfe que asuma la gestión directa del servicio del tranvía metropolitano de la Bahía de Cádiz, según confirmaron ayer el subdelegado del Gobierno central en la provincia, Javier de Torre, y la dirección provincial de IU, formación que gestiona actualmente la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía.

Esta solicitud supone un cambio relevante en la política seguida por la Junta en materia de tranvías, ya que en los servicios en vigor en Sevilla y Málaga es una empresa privada la que actúa como operadora. Sobre esta propuesta, De Torre puntualizó que Renfe aún no se ha posicionado ya que está a expensas de ver la disponibilidad técnica y de seguridad de un medio de transporte que jamás ha gestionado en todos sus años de existencia.

Por otro lado, el Gobierno central negó ayer que la Junta le remitiera en marzo de 2012 un protocolo de colaboración para el uso del tranvía, contraviniendo de esta manera lo anunciado el jueves en el Parlamento andaluz por la consejera de Fomento, Elena Cortés (IU), quien además acusaba a la Administración estatal de mantener "bloqueado" este proyecto.

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, aseguraba ayer que la Dirección General de Infraestructuras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) le había confirmado que el escrito al que hacía referencia la consejera Cortés "jamás se ha formalizado". Sí reconoce la existencia de un borrador previo que data de noviembre de 2011 "y que incluso fue desechado por el anterior Gobierno de Zapatero debido a las numerosas carencias que presentaba", puntualizó.

A la vista de estos hechos, De Torre acusó a la Junta de Andalucía y en particular a la consejera Cortés de "intentar engañar a la ciudadanía responsabilizando al Gobierno de España de los errores y retrasos de un proyecto que compete en exclusiva a la Administración andaluza". Y aunque quiere dejar claro que Adif "jamás se ha opuesto a que el tranvía circule por la vía del tren", sí añade que en el tiempo que el PP lleva en el Gobierno central "la Junta no ha presentado un escrito ni ha hecho una llamada interesándose por el tranvía, lo que demuestra que tiene un interés cero por este medio de transporte".

Más virulenta fue la reacción del presidente provincial del PP, Antonio Sanz, que acusó sin tapujos a la consejera de Fomento de "mentir descaradamente" en sede parlamentaria. "La Junta culpa ahora al Gobierno del retraso del tranvía cuando lo cierto es que la Administración andaluza no tiene dinero para terminar las obras", dijo.

El máximo responsable del PP en la provincia gaditana añadió que "tanto el Gobierno, como el Ministerio de Fomento, Renfe y Adif están totalmente comprometidos con el proyecto del tranvía y tienen total disposición a colaborar con el mismo". Pero pidió a la Junta "más seriedad a la hora de abordar estos asuntos", recordándole que la Administración andaluza es "la que tiene las competencias en materia de tranvías".

En esta réplica a la consejera de Fomento se sumó también y por segundo día consecutivo el alcalde de San Fernando, José Loaiza (PP), que volvió a resaltar las lagunas de un proyecto que se ha hecho eterno para los isleños. "San Fernando -apuntó- es la ciudad que más ha sufrido todo esto".

Y recordó que en la calle Real las obras se iniciaron hace cinco años ya y que, en el nudo de La Ardila, los trabajos comenzaron a finales de 2006. Un plazo demasiado largo que ha hecho que aflore el desencanto entre los ciudadanos, incluso entre aquellos que inicialmente eran partidarios del proyecto del tren-tranvía.

Loaiza, que ayer hizo balance de sus dos años al frente del Ayuntamiento isleño, no ocultó su escepticismo ante el incierto futuro del tranvía, que en todo caso -precisó- tardará todavía varios años más en ponerse en marcha. Para ello, por ejemplo, necesita que antes se construya la subestación eléctrica de Janer y, aunque en este sentido hay un principio de acuerdo, su construcción -que garantizará el suministro energético del servicio- tendrá al menos un plazo de ejecución de catorce meses que habrá que sumar a los plazos del proyecto.