Un Informe sobre la Situación de la Depuración de las Aguas Residuales en Cádiz realizado por una Comisión de Estudio de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP) advierte de que el Gobierno andaluz ha recaudado en la provincia en torno a 19 millones de euros entre 2011 y 2012 a través del cobro de un plus a los ciudadanos cada mes en su factura del agua, denominado Canon Autonómico, para financiar obras de saneamiento y depuración que no se han ejecutado.

El Canon Autonómico o canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad se estableció en la Ley de Aguas de Andalucía 9/2010 de 30 de julio, con carácter finalista, para financiar un programa de 300 obras de infraestructuras de depuración y saneamiento, 22 de ellas en Cádiz con las que cumplir la Directiva Europea (Directiva Marco del Agua de diciembre de 2000), que obliga a que todas las aguas de Andalucía estén depuradas a partir de 2015.

Paradójicamente, según revela el informe de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en Cádiz no se ha licitado ninguna actuación en los últimos tres años y todas las obras de depuración gestionadas por la actual Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente están "reprogramadas" por falta de fondos. Así se desprende de este segundo Informe sobre la Situación de la Depuración de las Aguas Residuales elaborado por el CICCP, que realizó su primera entrega en julio con el análisis de la provincia de Granada, y que desgrana ahora la problemática en Cádiz. El estudio desvela que el 46% de la población gaditana no depura sus aguas o no lo hace correctamente (incumple la Directiva 2000/60/CE), suponiendo un evidente riesgo de salubridad.

La Junta de Andalucía no ha ejecutado, siempre según el informe, ninguna de las 22 obras declaradas de interés en esta provincia, ya que la actuación realizada en Algeciras, y que está a falta de que se concluyan los colectores, ha sido costeada por la Administración estatal, pese a que la administración regional ya ha cobrado a los gaditanos casi 19 millones de euros para financiarlas. Desde el CICCP estiman que en los próximos tres años (2013-2015) se cobren otros 40 millones por este concepto en Cádiz. Sin embargo, según concluyen en el informe, "es imposible" que en 2015 se hayan podido ejecutar estas obras y se cumpla con la Directiva Europea "si no se inician ya dichas infraestructuras, porque los plazos están muy comprometidos".

De las 75 estaciones depuradoras existentes en la provincia, una está abandonada (Jédula - Arcos de la Frontera) y 21 no cumplen con la normativa (RD 509/96), están "obsoletas y/o tienen un mal funcionamiento y todas cuentan con actuaciones sin ejecutar previstas en el listado de obras de interés de la Junta de Andalucía". De estas últimas los Ingenieros de Caminos consideran "alarmante" el caso de Barbate, que por sus vertidos cuenta con la única playa de Cádiz no apta para el baño.

Asimismo, cinco municipios de la provincia carecen por completo de infraestructuras de depuración, pese a que sus obras están también dentro de las declaradas de interés para la Comunidad. Entre ellos, en el informe consideran "preocupante" la situación de Tarifa, con una población de más de 15.000 habitantes y que no depura sus aguas. Este municipio tiene los terrenos cedidos para su EDAR y el proyecto redactado a falta de una partida presupuestaria que no llega. De especial interés son también los casos de Benacoaz y San José del Valle, que vierten sus aguas residuales en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, así como a los embalses de los Hurones y de Guadalcacín, que constituyen una de las principales fuentes de abastecimiento de agua de la provincia y de donde beben unos 700.000 habitantes, más de un millón en época estival, de los municipios de Jerez, Barbate, Sanlúcar de Barrameda o Medina Sidonia, entre otros.

Es evidente, y así lo piden desde el CICCP , por estos datos, que "deben tomarse medidas con urgencia para corregir estas situaciones, que se cumpla la normativa y que el dinero cobrado a los gaditanos revierta en ellos con las infraestructuras de depuración y saneamiento necesarias y exigidas para llegar a 2015 con los deberes hechos".

El informe hecho público sobre Cádiz forma parte de un estudio exhaustivo que está realizando el CICCP en Andalucía, provincia por provincia, para sacar a la luz los posibles incumplimientos e "irregularidades" que puedan estar cometiéndose y "acabar con la falacia de que todas las obras vitales para la ciudadanía están ejecutadas", según expresa el Colegio de Ingenieros de Caminos en una nota. Según los datos que maneja el CICCP, el Gobierno andaluz ha recaudado en la Comunidad "en un cálculo muy a la baja" 63 millones desde mayo de 2011 a mayo de 2012 a través del Canon Autonómico sin que se hayan llevado a cabo ninguna de las actuaciones previstas.