El Partido Popular y el Partido Vecinal Regionalista (PVRE) hicieron ayer público el acuerdo de gobierno que facilitará la mayoría a los populares en Chiclana y el comienzo de "una nueva etapa de tranquilidad", según el alcalde de esa ciudad, Ernesto Marín (PP).

Así, el gobierno del PP en Chiclana (11 concejales) se verá reforzado con las dos ediles de la agrupación vecinal, un partido de reciente creación que ha venido defendiendo a los propietarios de las viviendas ilegales desde que entró a formar parte del panorama político en la localidad a raíz de las últimas elecciones municipales.

El regidor chiclanero confirmó en su intervención lo que ya adelantó ayer este medio en cuanto a que la portavoz del PVRE, Marisol Ayala, ocupará la Delegación de Urbanismo, mientras que su compañera de filas, Susana Moreno, se hará cargo de Vías y Obras, dos áreas municipales de considerable peso en una ciudad en la que la mitad de los ciudadanos habitan en viviendas ilegales. Además, Ayala ocupará la tercera tenencia de Alcaldía y Moreno la quinta.

El alcalde argumentó que con este pacto "se acaba con la confrontación y se ofrece a la ciudadanía lo que demanda desde hace tiempo: un gobierno sólido, fuerte y cohesionado". Además, afirmó que para lograr este consenso "las fuerzas políticas firmantes de este compromiso hemos dejado de lado nuestros legítimos intereses partidistas y antepuesto los de los ciudadanos por encima de cualquier otra cuestión". Para añadir que "en tiempos de crisis hay que dejar a un lado tus diferencias y unir con los demás tus convergencias". Es más, Marín explicó que en "cualquier negociación cedemos todos, pero se da la paradoja o la curiosidad de que los programas del PP y el PVRE convergen en muchísimos puntos".

A preguntas de los periodistas sobre si se llevará a cabo una amnistía de las multas de las viviendas ilegales, Marisol Ayala fue parca en su respuesta: "Los problemas excepcionales requieren soluciones excepcionales". El Acuerdo por la gobernabilidad de Chiclana, como han denominado ambos partidos al pacto, dice literalmente que se aplicarán "todos los atenuantes que la Ley permita en las sanciones urbanísticas"; es decir, se intentará rebajar lo máximo posible las cuantías que han recaído sobre miles de familias de Chiclana por infracciones urbanísticas irregulares.

Otro de los puntos de interés que suscribe el pacto se centra en las Normas Sustantivas, un documento urbanístico que regiría temporalmente en Chiclana hasta la elaboración de un nuevo PGOU, ya que el anterior fue tumbado por el Tribunal Supremo. Dicho texto urbanístico, fundamental para el desarrollo de la ciudad, estaba previsto que entrara en vigor antes del verano, pero el acuerdo de gobierno observa una modificación de dichas Normas, "no obstante -según suscriben PP y PVRE- si esto llevara consigo el no aprobarla antes de fin de año se estará a lo que la Junta pueda aprobar".

El acuerdo de gobernabilidad también recalca que se derogará la ordenanza para la regularización de viviendas en Chiclana impulsada por el anterior gobierno en Chiclana, liderado por el PSOE. Esto significa que se redactará un nuevo documento para legalizar las casas fuera de ordenamiento urbanístico en Chiclana, que afecta a casi a la mitad de la población. "Nunca hemos dicho que no queramos pagar la regularización. Los vecinos quieren pagar, lo que pasa es que los costes eran excesivos", insistió Marisol Ayala.