"Lo más flexible y lo menos costoso"

El Ayuntamiento ultima el procedimiento que se aplicará en la legalización de viviendas

E. M. Cañas / El Puerto | Actualizado 28.04.2012 - 05:01
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Flexibilización y bonificación fueron dos de las palabras que más se oyeron en el encuentro multitudinario que el Gobierno central mantuvo en la noche del jueves con los propietarios de viviendas ilegales. El objetivo es claro: incentivar a los propietarios a que participen en el procedimiento. De hecho, tanto el alcalde, Enrique Moresco, como el edil de Urbanismo, Diego Muñoz, incidieron en que se está trabajando para que el procedimiento cueste "lo menos posible" y que el camino a seguir sea "lo más sencillo y flexible".

Desde ayer, en la web municipal (www.elpuertodesantamaria.es) ya se puede consultar el documento con las líneas generales de la ordenanza de regularización de viviendas que se pretende aprobar a lo largo del mes de julio. No obstante, y en un gesto sin precedentes en la tramitación de una normativa municipal, el Área de Urbanismo ha habilitado un plazo para que los interesados puedan presentar sus sugerencias en el Registro Municipal o a través del portal del Ayuntamiento, a pesar de que el documento se expondrá públicamente una vez se apruebe inicialmente.

En esta ordenanza, se especificará el procedimiento que se debe seguir para la regularización. Lo primero, claro está, es que entre en vigor el nuevo Plan General puesto que, aunque ha sido aprobado por la Junta, el Ayuntamiento debe realizar una serie de modificaciones para que se ratifique. Y entre las cuestiones que debe retocar se encuentra la ordenación prevista sobre 16 de los 54 diseminados que se regularizarán. De hecho, en estos casos concretos está suspendida hasta que el Ayuntamiento no justifique adecuadamente las zonas destinadas para dotaciones públicas. Los diseminados afectados son Vega de los Pérez, Los Naranjos, La Cerería, Las Marías 1 y 2, Berbén, Altos del Berbén, La Oropéndola 3, La Herradura, Almendros 2, Extensión del Sauce, Cantarranas Oeste, Pryca, Hoyo 15 y Carretera de Sanlúcar 2.

Una vez eche a andar el nuevo PGOU (que se espera que se publique en el Boletín Oficial de la Junta -Boja- antes del verano) y se apruebe la ordenanza (un trámite que puede culminar en septiembre), se podrá iniciar el proceso de regularización. En base a esto, se trabaja con la premisa de que los propietarios empiecen a pagar parte de los gastos que tienen que hacer frente durante el proceso a partir del 1 de enero de 2013 en cuotas mensuales durante 10 años, si optan finalmente por acogerse al procedimiento bonificado (si no lo hacen lo deberán abonar cuando se apruebe el proyecto de reparcelación). Tal y como establece el procedimiento, la comunidad de propietarios deberá remitir al Área de Urbanismo un escrito donde muestre su intención de iniciar su legalización, que debe ir acompañada de las adhesiones particulares de los propietarios. Así, se exigirá un mínimo para que tenga cierta viabilidad aunque aún está por concretar el porcentaje necesario y las medidas a adoptar contra aquellos que se muestren reticentes a participar.

Tras esto, el grupo de propietarios tendrá que contratar al equipo que se encargará de llevar a cabo las labores de planificación y gestión del proceso (arquitectos, aparejadores, abogados, ...). En este momento es cuando la empresa municipal Impulsa El Puerto comenzará a tomar partido en el procedimiento puesto que elaborará los modelos de proyectos que deberán presentar y hará una estimación orientativa de los honorarios que los diseminados deberán abonar a estos profesionales. Posteriormente, la comunidad de propietarios debe constituirse como junta de compensación y elaborar tanto el estudio de detalle (o previamente el plan especial si es necesario) y los proyectos de urbanización y reparcelación. La pretensión del Ayuntamiento es que todas estas figuras se tramiten a la vez para tratar de acortar plazos.

Una vez estos documentos reciban el visto bueno del Área de Urbanismo, los propietarios ya tendrán la posibilidad de contratar a la empresa que ejecute la urbanización. Además, se podrá iniciar el procedimiento de legalización de la vivienda así como la solicitud para obtener, de manera temporal, el acceso a los suministros.
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