Los miembros del núcleo duro de la dirección provincial del PSOE se posicionaron ayer con claridad al lado del ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, a quien no dudaron en calificar de "represaliado político" tras ingresar en prisión por orden de la juez que investiga el caso de los supuestos ERE irregulares, Mercedes Alaya. En un manifiesto firmado por medio centenar de cargos orgánicos y públicos del PSOE gaditano se asegura que "no hay, ni puede haber una sola prueba" para culpabilizar a Fernández, asegurando además los dirigentes socialistas que su "injusta" orden de encarcelamiento viene motivada por la "frustración de la derecha más recalcitrante" al verse fuera del próximo Gobierno andaluz.

Este manifiesto de apoyo al ex consejero, trasladado a primera hora de la tarde de ayer a los medios de comunicación, está firmado exclusivamente por integrantes de la corriente crítica a Griñán que manda en el PSOE de Cádiz, dirigida por su secretario provincial, Francisco González Cabaña, y con la que está alineado el propio Fernández. Todos ellos se posicionaron a favor de Alfredo Pérez Rubalcaba para secretario general del partido en el congreso federal del pasado febrero.

Curiosamente este manifiesto de apoyo no está respaldado por ningún miembro de la corriente griñanista, que tiene en el consejero de Gobernación y Justicia en funciones, Francisco Menacho, y en la alcaldesa de Sanlúcar, Irene García, a sus principales exponentes. Fuentes de esta corriente aseguraban ayer que desconocían la existencia de este documento y confirmaron del mismo modo que no habían sido invitados a participar en el mismo. Sí figuraba en primera instancia entre los firmantes Jaime Armario, secretario general del PSOE de San Fernando y que es, junto con Menacho, el único griñanista con peso en la ejecutiva provincial, donde tiene a su cargo el área de Política Institucional. Sin embargo, minutos después la dirección del partido en Cádiz indicaba que su inclusión había sido un error.

Ajeno a las tesis más tibias planteadas ayer desde la dirección del PSOE-A y desde el Gobierno andaluz, el comunicado salido de la sede socialista de Cádiz hace una defensa a ultranza de "la inocencia y la dignidad" de Fernández, de quien se elogia igualmente su "magnífico papel en defensa del empleo y de los derechos de los trabajadores". Incluso se afirma que la causa judicial contra él supone en realidad "una causa contra todos los socialistas de Andalucía".

Opina el núcleo duro del PSOE de Cádiz que este proceso "ha sido orquestado por la derecha andaluza con el aval del PP y de un sindicato ultraderechista", en alusión a Manos Limpias, a los que acusa de "tratar de hacer de las tropelías y los desmanes del ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y su chófer una causa general sobre la gestión de los gobiernos de Chaves y Griñán", algo que entienden que supone "un burdo objetivo".

Y ahondando en esta teoría indican que esta "derecha recalcitrante" ha "volcado su frustración" contra Fernández después de "no haber podido hundir al PSOE" en las elecciones andaluzas con su "indigna estrategia".

Hay también críticas a la juez Alaya, ya que los socialistas gaditanos consideran que Fernández ha sido sometido a un "juicio mediático sin precedentes y sin capacidad ni de defensa, ni de respuesta", que ha sido encarcelado "sin una prueba acusatoria" contra él e incluso que ha padecido unos "inexplicables excesos judiciales que le están situando ante la opinión pública como si del mayor criminal del mundo se tratara".

Entre los firmantes están casi todos los pesos pesados de la Comisión Ejecutiva Provincial (CEP) del PSOE de Cádiz -a excepción de los ya citados Menacho y Armario-, numerosos secretarios generales de agrupaciones socialistas, pero también dos parlamentarios andaluces (Luis Pizarro y María Colón), dos diputados nacionales (Mamen Sánchez y González Cabaña), dos delegadas provinciales de la Junta (Blanca Alcántara y Silvia López), cinco diputados provinciales (Cabaña, Pérez Peralta, Olga González, Araujo y Moscoso) y seis alcaldes, en concreto los de La Línea, Barbate, Paterna, Benalup-Casas Viejas, Setenil y Villaluenga.