Cinco años después de su masiva ampliación al Este, la Unión Europea (UE) ha paralizado la admisión de nuevos miembros en espera de conocer la suerte definitiva que correrá el nuevo tratado con el que espera agilizar la toma de decisiones.

Este viernes, primero de mayo, se cumple el quinto aniversario del ingreso en la UE de ocho países de Europa central y oriental (Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, Letonia y Estonia) y dos islas mediterráneas (Chipre y Malta).

Fue la ampliación más ambiciosa y extensa en la historia de la UE, que convirtió en realidad el sueño de la reunificación política del continente apenas quince años después de la caída pacífica del Muro de Berlín y el final de la dominación soviética sobre una parte de Europa.

Alemania, que tras su reunificación ha sido uno de los principales promotores de la ampliación de la UE, defiende la necesidad de hacer un alto mientras no se despeje la incertidumbre que rodea al Tratado de Lisboa.

Desde lo más alto del gobierno alemán se argumenta que no podrán producirse nuevas adhesiones sin las mejoras institucionales que promete el nuevo tratado, heredero de la fallida Constitución europea. Corre peligro incluso la incorporación de Croacia, de la que se esperaba una integración rápida, este mismo año.

La paradoja es que la grave crisis financiera y económica importada de Estados Unidos no ha hecho sino aumentar el atractivo que la Unión Europea y el euro ejercen sobre los estados vecinos de los Veintisiete, por su probado efecto protector.

A los dos países que negocian ya separadamente su ingreso -Croacia y Turquía- o que pretenden hacerlo pronto -Macedonia- se han sumado otros dos aspirantes oficiales -Montenegro y Albania-, y crece, tras las elecciones islandesas, la probabilidad de que esta isla nórdica, casi en bancarrota por la crisis, presente su solicitud.

Pero el bloqueo interminable de las reformas internas de la UE, la gravedad de la recesión interna y la proximidad de las elecciones federales de septiembre han hecho mella en el respaldo de las autoridades alemanas a las nuevas ampliaciones. "Necesitamos las reformas del Tratado de Lisboa", ha dejado claro el ministro de Exteriores, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, a un grupo de corresponsales europeos invitados a Berlín esta semana.

El secretario de Estado de Interior, Peter Altmaier, también ha reclamado abiertamente la entrada en vigor del tratado, con el fin de impulsar la legislación común en asuntos de justicia e interior, una de las áreas más dinámicas y necesarias para la Unión.

Para la diputada socialdemócrata Eva Högl, miembro de la comisión de Asuntos Europeos del Bundestag, también en lo social el Tratado de Lisboa "representa un progreso" respecto a la situación actual. Si el nuevo tratado no viera la luz, "sería muy triste para la ampliación, pero no veo en el Bundestag -ha advertido Högl- una mayoría suficiente a favor del ingreso de Croacia".

La solución de emergencia que consistiría, precisamente, en aprovechar el tratado de adhesión de Croacia para introducir, por la puerta trasera, algunos de los cambios institucionales previstos en Lisboa es, sin embargo, descartada por el Gobierno alemán.

La ratificación del Tratado está pendiente todavía de dos votaciones decisivas: la primera, la semana que viene en el Senado de la República Checa, y la segunda, probablemente en otoño, en un nuevo referéndum que se celebrará en Irlanda. La caída del gobierno checo, en pleno ejercicio de la presidencia semestral europea, ha añadido incertidumbre al resultado de la votación en el Senado y ha devuelto protagonismo al presidente, Vaclav Klaus, tenaz euroescéptico.

Menos dudosa, pero igualmente imprescindible, se presenta la decisión que deberá tomar en unas semanas el Tribunal Constitucional alemán sobre la compatibilidad del Tratado de Lisboa con la Carta Magna en este país, sin lo cual tampoco Alemania habrá completado su proceso de ratificación. Por lo que respecta al decisivo referéndum irlandés, se da por hecha la consulta, pero se desconoce todavía su fecha así como las "garantías" que deberían permitir a Dublín volver a consultar a la población sobre el mismo texto que fue rechazado hace un año.