El juez norirlandés que preside el proceso de entrega a España del ex preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos considera hoy que el delito de enaltecimiento del terrorismo que le imputa la Audiencia Nacional es susceptible de extradición, por lo que ayer convocó una nueva vista entre el 14 y 15 de mayo, fecha hasta la que el ex jefe del comando Madrid continuará en libertad bajo fianza. Ante esta decisión, la defensa del ex jefe del comando Madrid señaló que alegará su derecho a "expresar opiniones políticas" e invocará los derechos humanos para evitar su entrega a España

En una audiencia en el complejo judicial de Laganside, tras el receso dictado en la vista del lunes, el magistrado Tom Burgess declaró que la frase Aurrera bolie (Adelante la pelota,) leída supuestamente en nombre de De Juana el pasado 2 de agosto en un acto de homenaje en San Sebastián tras su excarcelación, sería considerada un delito en virtud de la Ley Antiterrorista británica de haber sido pronunciada en Reino Unido.

En consecuencia, declaró que la imputación del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco "es un delito extraditable", a partir de la normativa que rige en la materia en las islas, promulgada en 2003.

No obstante, la defensa tiene la oportunidad de alegar para impedir la entrega del etarra y se le ha otorgado un plazo de tres semanas, hasta el 31 de marzo, para presentar sus argumentos. Según anunció ayer el abogado que representa a De Juana, Edward Fitzgerald, las bases de la defensa se centrarán en el derecho a "expresar opiniones políticas", los "derechos humanos" del ex preso etarra y el supuesto abuso de proceso que se habría cometido.

El proceso judicial puede prolongarse meses, porque después de la respuesta de Burgess a las eventuales alegaciones el caso puede ser derivado al Tribunal de Apelaciones de Belfast, en primera instancia, y posteriormente a la Cámara de los Lores en Londres, que es la máxima instancia judicial británica.

Pese a que el fiscal, Stephen Ritchie, que representa a la Justicia española, había reclamado la custodia policial en base a los riesgos de fuga, finalmente el magistrado optó por continuar con la restricción de movimientos que decretó al inicio del proceso, entre las que figura un toque de queda, presentarse regularmente en comisaría, estar en la residencia en la que habita siempre que se presente la Policía y la prohibición de abandonar Irlanda del Norte.

Además, se le ha retirado el Documento Nacional de Identidad.