La Generalitat debe un total de 667 millones de euros a ayuntamientos catalanes, consejos comarcales y a otros entes locales como las diputaciones provinciales, según los últimos datos de los que dispone el departamento de Gobernación.

Esta deuda es consecuencia de las estrecheces presupuestarias que ha atravesado durante los últimos años la Generalitat, que ha estado sujeta a las limitaciones de déficit marcadas por el Gobierno y que ha tenido que acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico y al plan de pago proveedores para poder hacer frente a sus obligaciones.

A una semana de las elecciones municipales, en el balance de la situación económica de los entes locales en Cataluña hay que recordar que ha sido delicada en estos últimos cuatro años, ya que sus ingresos han caído en picado desde la época de la burbuja inmobiliaria y se han visto también condicionados por el corsé del déficit público.

De los 667 millones de euros de deuda que la Generalitat acumula, un total de 408 los adeuda a los ayuntamientos, otros 82 a los consejos comarcales y un total de 177 a otro tipo de entes locales, como las diputaciones.

No obstante, la atención mediática en torno a este debate ha estado centrada estos años en la deuda de la Generalitat con el Ayuntamiento de Barcelona.

A pesar de que ambas instituciones están gobernadas por la misma formación, CiU, el gobierno municipal cifra la deuda de la Generalitat en 114 millones, mientras que el Gobierno catalán la rebaja hasta los 75 millones, según aseguró la vicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega el pasado mes de marzo en el Parlament.

Para la oposición municipal, en cambio, la deuda se eleva hasta los 215,2 millones, tal como recogió la declaración que el consejo municipal aprobó con los votos del PSC, el PP e ICV-EUiA durante la una sesión extraordinaria promovida por estos tres grupos para abordar este controvertido asunto.

Más allá de tener que lidiar con limitaciones de gasto y de ver cómo la crisis se llevaba por delante promesas de inversión como las generadas por la ley de barrios, promovida por el tripartito, los municipios catalanes han tenido que convivir en los últimos cuatro años con un nivel de paro que ha tensionado sus servicios sociales.

La última Encuesta de Población Activa (EPA), la correspondiente al primer trimestre de 2015, sitúa la tasa de paro en Cataluña en el 20,0 5% hasta alcanzar los 758.000 parados, frente al 23,78% del conjunto de España. No obstante, para hacerse una idea de la situación previa a la crisis cabe subrayar que en el primer trimestre de 2008, antes de que la crisis se mostrara en toda su magnitud, el paro se situaba en 290.800, equivalente a una tasa de paro de solo el 7,6 %.