El Gobierno está estudiando un paquete de medidas de control para los presos por delitos de terrorismo que vayan a salir de prisión tras cumplir su condena y no se hayan reinsertado con el objetivo de proteger a las posibles víctimas.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó ayer que el Ejecutivo está llevando a cabo "un estudio y una negociación" con las principales fuerzas políticas para "buscar una reforma" que garantice que no se produzcan "situaciones indeseadas", como la producida con la puesta en libertad de Iñaki de Juana Chaos, que podría residir a pocos metros de víctimas de la organización terrorista ETA.

Según explicó la vicepresidenta, el objetivo es "buscar los elementos que permitan explorar nuevas vías" que sirvan para "garantizar que no se produzcan situaciones como las que a veces se han producido".

Así, dijo, se tratará de "reforzar el poder imponer un domicilio determinado" a un etarra, con medidas "que vayan más allá del alejamiento", que ya está "previsto" por ley. El objetivo, explicó, es encontrar medios, en el marco de la Constitución, para "garantizar los derechos de las víctimas e impedir situaciones no deseadas".

Preguntada por las posibles medidas contra De Juana, por la carta que fue leída en su homenaje, la vicepresidenta señaló que es una cuestión que ya está "judicializada" y afirmó que el fiscal, una vez conozca los informes de la Policía y la Guardia Civil al respecto, actuará "con todo el rigor, como ha hecho siempre, no permitiendo que se produzca ninguna situación en la que pudiese haber alguna comisión de delito".

En el mismo sentido, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, precisó que lo que se va a hacer es un análisis profundo de las posibilidades, dentro de la Constitución, para adoptar medidas "posdelictuales" y, según el ministro, "hay un ámbito que recorrer", incluso en el aspecto civil. "Esas medidas nos permitirían actuar ante pronósticos negativos de reinserción y optar por medidas limitativas de libertad y harían también que nadie pudiera disfrutar de bienes si tiene una condena que implica responsabilidades civiles", indicó.

Respecto a los delitos de terrorismo, según reiteró el titular de Justicia, se estudian medidas "posdelictuales y de intervención respetuosas con la Constitución", medidas para proteger a las víctimas y para ver "cómo podemos ser más eficaces en la materialización de la responsabilidades civiles por vía de intervención en los patrimonios de los terroristas".

"Yo celebro que el PP ya no hable de la cadena perpetua", afirmó Fernández Bermejo, quien se mostró a favor de "articular medidas de limitación de libertad posdelictuales".

Se trataría de establecer, detalló, mecanismos de vigilancia, que pueden ser directos o se pueden articular a través de medidas electrónicas.

"Hay un amplio margen de medidas", apuntó el ministro, quien incidió en la importancia de que se creen herramientas legales que permitan llevarlas a cabo.

Además, el Gobierno también estudia este tipo de medidas para los pederastas.