Mario Vargas Llosa, Albert Boadella y Fernando Savater, entre una veintena de escritores, artistas y políticos, han promovido un manifiesto en defensa del castellano como lengua común en España. Para Savater, "no se trata de una mera queja o de la denuncia de un hecho sino de proponer al Parlamento una serie de iniciativas legales, entre las que se contempla una posible modificación de la Constitución y de algunos Estatutos Autonómicos".

"Los ciudadanos son quienes tienen derechos lingüísticos y no los territorios y mucho menos las lenguas", aseguró ayer el filósofo impulsor del documento, durante su presentación en el Ateneo de Madrid.

José Antonio Marina, Roberto Blanco, Sosa Wagner, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Álvaro Pombo, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Ramón Rodríguez, así como profesores de las universidades de Santiago, Cantabria y Rey Juan Carlos de Madrid, completan, por ahora, la lista de firmantes del documento.

Entre los puntos de cambio propuestos se encuentra el "asegurar el derecho de todos los ciudadanos a ser educados en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna, así como el incluir, entre los planes de estudio, opciones que contemplen a las lenguas cooficiales autonómicas, pero nunca como lenguas vehiculares exclusivas".

"La base sobre la que partimos es que no puede discriminarse políticamente al castellano lo que, según consideramos los firmantes, acaba afectando a los más desfavorecidos, dañando sus posibilidades laborales y sociales y recortando sus alternativas", sentenció Savater.

La académica Carmen Iglesias resaltó su preocupación por "las consecuencias de la marginación del castellano en los planes educativos" y además recalcó la importancia de lograr una movilización de la sociedad civil y de los políticos "para garantizar el derecho y deber del aprendizaje del castellano".

Asimismo, defendieron "el derecho de todo ciudadano a ser atendido institucionalmente en las dos lenguas oficiales, lo que no significa que todo funcionario esté obligado a emplear ambas".

Otras reivindicaciones que se recogen en el manifiesto se refieren a la rotulación de calles y edificios públicos, que puede ser bilingüe, pero "nunca" exclusivamente en la lengua autonómica", y al uso del castellano por parte de los cargos políticos, que "utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero".