La nueva presidenta de la empresa municipal de Suelo y Vivienda (Suvipuerto), Mariola Tocino, convocó ayer a los portavoces municipales y acto seguido a la prensa para dar a conocer la delicada situación económica por la que atraviesa la sociedad, llegando a reconocer que es previsible que antes del cierre del ejercicio se produzca una situación de insolvencia.

En una rueda de prensa convocada con carácter urgente, una Mariola Tocino sola ante el peligro, con la presencia entre los periodistas de su socio de gobierno Carlos Coronado -a la sazón edil de Vivienda de manera provisional, tras la dimisión de Antonio Jesús Ruiz- confirmó lo que ya se sabía desde hace meses, que Suvipuerto tiene los días contado salvo que se dé con una fórmula mágica para salvarla de su desaparición.

Mariola Tocino asumió la presidencia de la empresa tras la dimisión de Ruiz Aguilar, a finales del pasado mes de septiembre, aunque con anterioridad era ya vicepresidenta de la sociedad.

Fue a principios de año, tras su llegada a la Concejalía de Economía y Hacienda, cuando Tocino se encontró con que la empresa había cerrado el ejercicio de 2013 con pérdidas, sin haber siquiera presentado un plan de corrección ante el Ministerio.

Tras llegarse a un compromiso con la empresa para la presentación de un plan de ajuste, se contrató el pasado mes de mayo a una consultora externa para estudiar la viabilidad de la empresa, así como para plantear posibles acciones de futuro.

La edil popular recordó que fue precisamente en mayo cuando Suvipuerto presentó serios problemas de liquidez, principalmente por dos asuntos: por un lado el impago a la constructora Bauen, tras las obras municipales en Santa Clara, y por las devoluciones que había que realizar a los compradores de estas mismas viviendas que finalmente no pudieron formalizar la operación.

La empresa estuvo incluso en preconcurso de acreedores, pero tras alcanzarse acuerdos con Bauen y con los vecinos, se pudo evitar finalmente el concurso.

No obstante, la situación a día de hoy no es nada halagüeña y es muy posible que la empresa cierre el año en números rojos, en cuyo caso, por ley, tendría que desaparecer en un plazo de seis meses.

La consultora contratada por el Ayuntamiento está estudiando ahora las cuentas reales de la sociedad, con la elaboración de un informe sobre la veracidad de lo expresado en los registros contables. Los primeros informes estarán en pocos días y todas las ecuaciones, como dijo ayer Tocino, deberán estar hechas para finales de noviembre, antes de la presentación de los presupuestos municipales para 2015.

El estudio de viabilidad que está realizando la consultora determinará, por tanto, las medidas a adoptar, que podrían ir desde el cierre de la empresa hasta la reorganización de su actividad, medidas laborales o medidas societarias para la liquidación ordenada extraconcursal. Tampoco se descarta, entre las posibles opciones, que Suvipuerto pueda ser absorbida por otra empresa municipal. Lo que sí tiene claro la responsable de Suvipuerto es que no se quiere llegar a una situación de concurso de acreedores, porque no se quiere dejar el proceso en manos de los jueces.

La presidenta de Suvipuerto ya se ha reunido con la plantilla de la empresa municipal, formada por 14 trabajadores, y no descarta que se produzcan atrasos en el pago de las nóminas ante la situación de falta de liquidez.

Lo que sí quiso garantizar Tocino fue que la gestión del parque municipal de viviendas está garantizada, pase lo que pase con Suvipuerto, ya que se trata de viviendas de titularidad municipal.

Algunos de los portavoces municipales que participaron ayer en la junta convocada por Mariola Tocino expresaron su sorpresa por el desarrollo de la reunión, ya que pensaban que la cita era para hablar sobre las viviendas municipales. El portavoz socialista, David de la Encina, lamentó que Tocino no hubiera aportado algún dato concreto sobre la situación económica de la empresa, considerando un tanto vagas las explicaciones ofrecidas por la edil popular. Sí anunció que estarán muy pendientes del futuro de la plantilla. Por su parte Antonio Fernández, portavoz de Izquierda Unida, cree que el gobierno local busca ahora la complicidad de la oposición para involucrarla en la toma de decisiones incómodas como las que puedan adoptarse en relación con los trabajadores de la empresa. "Hasta ahora no nos habían informado de nada y ahora nos meten en el ajo pero sin ofrecernos ni un solo dato económico", lamentó.