Eran las diez de la mañana de ayer cuando el alcalde, Enrique Moresco, convocaba una junta de portavoces para trasladar a los grupos de la oposición que en el pleno que iba a celebrarse poco después a las seis de la tarde, se incluiría una propuesta de urgencia para incorporar capital privado a la empresa municipal Apemsa, en concreto un 49% de las acciones. Poco después, a la una de la tarde, el alcalde y su socio andalucista, Antonio Jesús Ruiz, comparecían ante los medios de comunicación acompañados por el consejero delegado de la empresa municipal de aguas, Daniel Pérez Lorenzo, para explicar los detalles de la operación a la que el pleno daba finalmente su visto bueno -con el voto en contra del Partido Socialista e Izquierda Unida y la abstención de Independientes Portuenses- en la tarde de ayer.

El alcalde comenzó explicando que esta decisión se toma tras un concienzudo análisis de la realidad económica, y ante la merma de ingresos que sufre el Ayuntamiento. Así, la propuesta que se abordó en el pleno de ayer consistía en someter a votación el inicio de los trámites para la entrada de capital privado en Apemsa, lo que según Moresco generará "gran cantidad de recursos para el Ayuntamiento", aunque no especificó qué cantidades se barajan.

El alcalde basó las razones para llevar a cabo esta operación en dos tipos de motivos, uno técnico y el otro económico. En cuanto al aspecto técnico, Moresco justificó la necesidad de adaptarse a la nueva legislación que obliga a las empresas a incrementar sus niveles de calidad y eficiencia en materia de aguas. En cuanto a los aspectos económicos, señaló que el acuerdo que se adoptará entre la empresa que resulte elegida y el Ayuntamiento permitirá destinar el dinero que se obtenga al pago no solo de inversiones municipales, sino también a gastos corrientes.

Moresco insistió en que no se trata de una venta de la empresa, ya que la operación se realizará por un periodo de 25 años y además el Ayuntamiento mantendrá el 51% de las acciones, y destacó las condiciones que tendrán que quedar claras en el pliego de condiciones que se elabore: el Ayuntamiento seguirá manteniendo la mayoría en el Consejo de Administración; la tasa anual y el precio público del agua lo seguirá controlando el Ayuntamiento; se garantizará la situación laboral de la plantilla de Apemsa, y se prohibirá expresamente la movilidad de la plantilla; y no se supeditará el aspecto económico a la calidad del servicio, que según el alcalde será "igual o mejor que el actual".

Esta decisión de introducir capital privado en Apemsa no es algo nuevo, ya que en el año 2008 se trató de poner en práctica esta medida aunque sin éxito, debido entonces a la oposición del entonces también socio municipal del PP, el Partido Andalucista. En esta ocasión, no obstante, Antonio Jesús Ruiz justificó el cambio de parecer de su formación al considerar que la situación "ha cambiado". En enero de 2009 el portavoz andalucista llegó a decir que "ahora y siempre apostaremos porque Apemsa sea una empresa 100% municipal" y aseguró que no apoyaría "nunca" que se privatizara Apemsa. Ayer, en su comparecencia junto al alcalde, Antonio Jesús Ruiz defendió que "en el año 2008 eran las empresas de agua las que instaban al Ayuntamiento a alcanzar un acuerdo, mientras que ahora es un proceso controlado por el Ayuntamiento, que será el que marque los tiempos". La segunda razón es la situación económica y la incapacidad legal de los ayuntamientos para endeudarse, lo que unido a la crisis del sector inmobiliario dificulta la financiación municipal y la posibilidad de realizar inversiones. También aludió el andalucista a las experiencias que han llevado a a cabo otros ayuntamientos en este mismo sentido, como el de Huelva, y finalmente consideró que otros ayuntamientos ya están iniciando estos mismos trámites y "la capacidad inversora de las empresas es limitada". También recordó que Apemsa "no se vende, ya que la mayoría del accionariado sigue siendo público". En cuanto al papel que jugaría este nuevo socio tecnológico, el alcalde explicó que sería "la misma gestión que hace ahora la empresa, aunque reforzando el aspecto tecnológico". En cuanto a los plazos en que esta medida podría ser una realidad, el alcalde habló de un periodo aproximado de seis meses.

Ayer, tras la aprobación de la propuesta en el pleno, se acordó crear una comisión que estará creada por el gerente de Apemsa, el consejero delegado de la empresa, y el secretario y el interventor municipales. Posteriormente se iniciará el proceso de contratación mediante la convocatoria de un concurso público.

Cuestionado acerca de la comunicación de la medida a la oposición municipal en la misma jornada del pleno, el alcalde lo justificó señalando que "no queríamos malas interpretaciones ni utilizaciones políticas", recordando además que podría haberse aprobado con la firma de un decreto, aunque el secretario municipal recomendó que el asunto pasara por pleno.

Precisamente, uno de los aspectos que más cuestionaron los grupos de la oposición fue la urgencia de la propuesta. En este sentido, la portavoz de IU, Pepa Conde, criticó que no se haya informado a los consejeros de una empresa municipal que "es solvente". Además, advirtió que se está "hipotecando" el futuro de la sociedad y que el Ayuntamiento perderá "el control social del agua". Mientras tanto, Ignacio García de Quirós, del PSOE, calificó de "atropello, con nocturnidad y alevosía" la propuesta, de la que aseguró que faltan informes técnicos. Asimismo, coincidió con IU en expresar su temor de que el Ayuntamiento ya mantenga conversaciones con alguna empresa para su entrada en Apemsa. Por su parte IP justificó su abstención en que aún "hay tiempo" para reflexionar sobre la bondad o no de la entrada de capital privado en la sociedad municipal de aguas.

En la jornada de ayer, los trabajadores de Apemsa recibieron una carta firmada por el gerente y el consejero delegado de Apemsa en la que se les daba a conocer la decisión de privatizar el 49% del accionariado de la empresa, tranquilizándoles con respecto a las repercusiones de esta medida en la plantilla y asegurando que durante todo el proceso se mantendrá la "transparencia" con los empleados.