La Comisión Europea (CE) anunció ayer que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el trato fiscal discriminatorio aplicado a las inversiones en sociedades no residentes.

Bruselas explica que su objetivo es garantizar que la legislación española en materia de tributación de las inversiones en sociedades no residentes se ajusta al derecho de la UE.

La normativa española aplica un tratamiento fiscal más gravoso para los dividendos de origen extranjero (los distribuidos por una sociedad no residente a una sociedad española) que para los de origen nacional (distribuidos por sociedades residentes en España).

Bruselas explica que, en consecuencia, para poder acogerse al beneficio fiscal, una sociedad española que invierta en una sociedad no residente debe cumplir más condiciones que si lo hace en una sociedad nacional, por ejemplo, en relación con el volumen de ingresos y el nivel de participación de los accionistas.

Asimismo detalla que el beneficio fiscal previsto en relación con los dividendos de origen nacional no se aplica a los dividendos de origen extranjero.

La CE ha decidido referir el caso ante la máxima instancia judicial española después de enviar en junio de 2013 un requerimiento a España en forma de dictamen motivado, en el que se instaba al país a modificar sus disposiciones fiscales sobre las inversiones en sociedades no residentes.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda contestó que la reforma fiscal, que se aprobó el pasado 20 de noviembre, modifica el Impuesto sobre Sociedades para equiparar el tratamiento fiscal de participaciones de entidades residentes y no residentes, tanto en lo relativo al reparto de participaciones en beneficios como en las rentas derivadas de la transmisión.