Vecinos de la urbanización Baluarte, en el Callejón de La Rosa, mostraron ayer su indignación por la situación que padecen en sus viviendas desde el pasado lunes tras el corte del suministro eléctrico, pese a que poseen las licencias de primera ocupación concedidas por el Ayuntamiento.

En total son ocho vecinos de la calle Cala los que han denunciando los hechos tras verse sin luz después de un sinfín de gestiones, con gastos incluidos, para recuperar el abastecimiento eléctrico. Según relatan, las viviendas las ocuparon en 2009 y desde entonces poseían luz de obra a la espera de la conexión oficial. No obstante, señalan que a la hora del papeleo con Endesa y el Ayuntamiento se encontraron con la sorpresa de que la promotora "no tenía finalizado el proyecto de baja tensión externa", por lo que tuvieron que costear estas obras con un importe de 8.000 euros.

Pese a este sobrecoste, los inquilinos no pudieron resolver el problema, ya que se toparon con que Endesa les había abierto un expediente por "enganche ilegal" durante este último año, algo que, según aseguran los afectados, desconocían, culpando directamente a la promotora. Dicho expediente supone el pago de 2.200 euros cada vecino, otros 3.500 euros de la comunidad, más otros pagos sin cuantificar por las instalaciones en garages y el sistema contraincendio.

Para los afectados, la situación es desesperante y se mostraron muy críticos con el Ayuntamiento por conceder licencias de primera ocupación sin tener del todo verificado la habitabilidad de las casas, así como con la promotora Provielma.

Además, han denunciado a la reseñada promotora, porque tres viviendas de la urbanización "han enganchado la luz de manera ilegal, mientras que nosostros estamos sin suministro".

Los afectados, la mayoría de ellos con niños de corta edad, ya no saben a quién recurrir para escapar de esta pesadilla. "Ya no sabemos por dónde tirar y según nos aconseja el abogado es mejor que paguemos porque la celebración del juicio podría tardar varios años", se lamentaba un vecino.

Los propietarios de las casas se sienten estafados y engañados e insistieron en que la licencia de primera ocupación no tendría que haber sido otorgada sin que se hubieran realizado todas las comprobaciones para la correcta habitabilidad de las casas, sin dejar de culpar también a la promotora. Además, resaltan que sus viviendas se localizan en una zona calificada como urbana y que el precio de cada una de ellas superan los 200.000 euros.

La falta de electricidad provoca que tengan que recurrir a casas de sus familiares para cocinar o ducharse ya que poseen instalaciones de vitrocerámicas y calentadores de agua eléctricos. Se llega incluso a situaciones tercermundistas porque algunos inquilinos usan desde hace una semana un camping gas para hacer comidas y alumbrar sus viviendas por las noches.