El concejal del Grupo Municipal Socialista Jerónimo Andreu expuso ayer los principales aspectos de la normativa de regularización de viviendas ilegales aprobada el pasado 25 de julio en El Puerto, donde gobierna el PP en coalición con el PA.  En este sentido, dijo que “en Chiclana también gobierna el Partido Popular, su alcalde se llama Ernesto Marín y se oculta  sobre este tema tan importante  dejando que el PVRE sea quien públicamente y de una forma errática gestione este asunto”. 

Es por ello, que Andreu criticó que “aún no se sabe la posición del PP de Chiclana sobre la regularización de viviendas en nuestro término y consideramos relevante cualquier indicio sobre este asunto”. De esta manera, hizo referencia a la  citada normativa del PP en El Puerto de la que, en primer lugar, destacó que “los afectados portuenses deberán autoorganizarse en Juntas de Compensación; es decir, que varias entidades profesionalizadas se pongan de acuerdo sobre cómo hacer las reparcelaciones y urbanizaciones, pero dice que el Ayuntamiento no puede asumir la gestión de estos diseminados”.

Otro de los aspectos de la normativa de El Puerto que Andreu resaltó es la relativa a que “los afectados deberán cumplir sus obligaciones económicas con el Ayuntamiento, entre ellas el pago por los aprovechamientos, su aportación a los sistemas generales y el pago de las multas urbanísticas. Para el pago de sus obligaciones podrán fraccionarlo en 120 meses, pero las multas urbanísticas deben pagarlas inmediatamente”.

El edil socialista también hizo referencia a otros puntos del proceso de regularización en El Puerto. Así dijo que en esa ciudad “los proyectos de urbanización deberán ser realizados y ejecutados por las Juntas de Compensación cumpliendo todas las prescripciones que la vigente legalidad. Además, deberán haber técnicos que hagan levantamientos y certifiquen el cumplimiento de los criterios de habitabilidad legalmente existentes, estipulándose dimensiones mínimas de habitaciones a las que habrá que adaptarse caso de no cumplirse, todo ello supervisado por el Ayuntamiento”.

Ya por último, Andreu dijo que la participación del Ayuntamiento de El Puerto en este proceso “se circunscribe a una comisión de seguimiento en la que se encontrarán las organizaciones de afectados y otras organizaciones sociales”.

Con todo ello, el concejal socialista cree que el Ayuntamiento “debe estar mucho más implicado en el proceso de solución de la regularización de viviendas que lo que estas normas aprobadas en El Puerto plantean, que si se trasladasen a Chiclana significarían la imposibilidad en la mayoría de los casos de acceder a la definitiva regularización”. Así, defiende que el Consistorio debe facilitar la ejecución por fases de urbanización. 

Según Andreu en Chiclana existen “dos modelos de resolver la regularización de las viviendas construidas sin licencia, uno el del PVRE, que prometía costes de 8.600 euros/vivienda, muy por debajo de los costes reales que  ya ha fracasado notoriamente y otro el del PP, en que los costes se aumentan exponencialmente y se endurecen de forma radical las formulas de acceso a la regularización de viviendas, como sucede con la Norma de El Puerto”.