Representantes del Ayuntamiento de Cádiz y de la delegación de Salud, Igualdad y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía se sentarán en la misma mesa el próximo jueves 21 para tratar la clausura oficial del cementerio de San José. El avance de los trabajos de exhumación de los represaliados franquistas supone salvar un obstáculo más de los que queda pendientes para el derribo definitivo de las instalaciones, cerradas hace 23 años. El fin del camposanto conlleva la liberación de una parcela de 22.500 metros cuadrados en pleno Paseo Marítimo.

La asociación SOS Bebés Robados estará presente el jueves en la delegación de Salud, tal y como solicitó. La clausura oficial es el argumento que esgrimen los técnicos municipales para impedirles exhumar los restos de más de 50 supuestos bebés robados.

Su presidenta, Chary Herrera, lamenta que Martín Vila les niegue el reconocimiento de víctimas con los mismos derechos que los represaliados franquistas, cuando la Ley de Memoria Democrática sí los considera como tal, según esgrimió ayer. Lo más importante para este colectivo es conseguir la autorización para la recuperación de los cuerpos, aunque el estatus de víctimas le puede abrir la puerta de las subvenciones.

El Ayuntamiento de Cádiz mantiene vigente el acuerdo firmado en mayo de 2013 con la asociación, por el cual están exentos de pago por las exhumaciones y ofrecen un arqueólogo municipal a disposición para estos trabajos. Por contra, los particulares deben hacerse cargo de costear los análisis de ADN de los restos exhumados. Pero su identificación supone realizar múltiples análisis para diferenciar las diferentes cajas, multiplicando los costes.

Aún así, Chary Herrera manifestó ayer que el dinero lo pueden conseguir, pero que sin la autorización pertinente no vale para nada.