La Delegación de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta hizo saber el pasado viernes que los quioscos de La Caleta y de Varela no se ajustaban a la legalidad urbanística, algo que le ha comunicado al Ayuntamiento gaditano para que anule licencias de obras y pare los trabajos junto a la plaza del casco histórico. El quiosco de Varela ya está terminado y la empresa Martín Casillas sólo está a la espera de la licencia de apertura para inaugurar su restaurante Lumen.

Pero hay otros dos quioscos más de similares características en proyecto, uno en la plaza de Santa María del Mar y el otro en la barriada de La Paz. Este último está pendiente de adjudicación, mientras que el primero está adjudicado y, de momento, parado.

El Ayuntamiento gaditano adjudicó la explotación del quiosco de Santa María del Mar, con 260 metros cuadrados construidos, al Grupo Grosso. Cuando se conoció el proyecto de la instalación, un grupo de ciudadanos creó una plataforma para preservar este espacio que ha logrado reunir más de 3.500 firmas. Mientras, la oposición municipal se mostraba dispuesta a llevar al proyecto al juzgado si se le daba licencia de obras por las mismas razones por las que ahora la Junta ha dicho que son ilegales las instalaciones de Varela y La Caleta: en los espacios libres sólo puede haber quioscos desmontables de 20 metros cuadrados como mucho, según el Plan General de Ordenación Urbana.

El día 26 de mayo, el equipo de gobierno emitía un comunicado en el que nada decía de estas acusaciones de ilegalidad ni de las protestas que se venían sucediendo cada martes en la plaza: en el escrito, manifestaba que iba a modificar el proyecto para "mejorar la capacidad de uso público" de este espacio, "con la colocación de juegos infantiles, bancos, zonas de descanso, cambio del actual firme y, sobre todo, integración de la plaza con la bajada peatonal a la aledaña playa del mismo nombre". Todo ello, decía el Ayuntamiento, lo habían decidido tras conocer la opinión de la asociación de vecinos de la zona sobre el tema.

Pues bien, a día de ayer, el Ayuntamiento seguía firme en esta postura. Dice que los técnicos están diseñando la reordenación de la plaza para hacer frente a las peticiones vecinales y que en nada afecta lo que ha dicho la Junta sobre los otros quioscos, puesto que a éste no se ha referido.

Con respecto a los informes autonómicos, están en manos de los servicios jurídicos municipales, que tienen tres meses para responder.