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Cádiz

La afectada por el desahucio no atendió a los servicios sociales

  • El Ayuntamiento explica que se ofreció a Yolanda Vargas un cheque con los dos meses que debían

La orden de desahucio para Yolanda Vargas y su familia sigue en pie, pero desde la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Cádiz aclaran que no es por culpa de ellos, si no que "por error administrativo en la tramitación se le debían dos meses". Al informar la inquilina de esta situación, se le recomendó "que hablara con el propietario de la vivienda y se le abonara la cantidad pendiente mediante un cheque. Sin embargo, el propietario le informó de que no quería que continuara con el contrato", apuntan desde el Consistorio.

Además, subrayan que la concejala del Área, Carmen Sánchez, "la ha atendido tres veces: dos en persona y una por teléfono y la trabajadora social la ha llamado en numerosas ocasiones por teléfono para que fuera a los servicios sociales y en ningún momento Yolanda atendió ninguna de las llamadas", prosiguen.

En todo caso, desde Bienestar Social sostienen que se le sigue ofreciendo la misma ayuda que hasta ahora: un mes en fondo y el 90% del alquiler mensual si busca un nuevo piso para ella y su familia.

En el Ayuntamiento tienen claro que lo que desea Yolanda Vargas es "una vivienda de Procasa, no una ayuda para vivienda de alquiler. Se le ha comentado que el registro de demandantes de vivienda no lo podemos saltar, que ella está en un puesto alto (26) y que la semana que viene tiene lugar la actualización trimestral del registro en el que problablemente -por la situación socioeconómica de la que ella misma ha informado- pueda subir de posición".

Yolanda lleva desde la semana pasada protestando ante la puerta del Ayuntamiento con otros afectados porque un juez emitió una orden de desahucio para el piso en el que vive junto a su marido y sus dos hijas.

Según ella, el Ayuntamiento, quien se hacía cargo del 90% del montante mensual de la cuota del alquiler, le debía al dueño del piso seis mensualidades, por eso éste denunció la situación y fue emitida la orden de desahucio.

El próximo 7 de julio, como fecha tope, esta familia deberá abandonar su actual vivienda y buscar un nuevo hogar, un hecho que denuncian, se repite con asiduidad.

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