La Zona Franca ha dado el último paso para liquidar las dos sociedades más polémicas y que ha llevado a la imputación de dos delegados del Estado en el Consorcio, a un juicio y a la instrucción de otro caso que lleva ya prácticamente nueve años: Rilco y Quality Service Gestión de Servicios Integrales (integrada en el Grupo Quality Food).

Este paso se encuentra inmerso en el proceso de simplificación societaria que está llevando a cabo el Consorcio y se hace tras la aprobación de la liquidación por parte del Comité ejecutivo de la Zona Franca el pasado 17 de julio y da cumplimiento al Plan de Reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundaciones estatales establecido por el Gobierno de la nación.

Esta liquidación, que el Consorcio ha inscrito en el Registro Mercantil, se une a la disolución llevada a cabo en marzo de este año de Parque Comercial Las Salinas e Inmobiliaria Zona Franca, quedando ambas sociedades absorbidas por Desarrollos Empresariales de la Zona Franca.

Además, y en el marco del citado plan de reestructuración estatales Consorcio también contempla la liquidación de las tres sociedades restantes que integraban el Grupo Quality: Corporación Alimentaria Quality, Quality Fish Industrias Pesqueras y Quality Food.

Una vez que se lleve a cabo todo el proceso de simplificación pasará de 13 sociedades a seis. El Consorcio de la Zona Franca señaló ayer en un comunicado de prensa que se llevará a cabo en cuanto la situación judicial que afecta a ambas mercantiles así lo permita, tal y como indicó la Secretaría general Técnica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Hay que tener en cuenta que el proceso de instrucción de este caso por el que se investiga si hubo fraude en la compra de las acciones de Quality Food por parte de la Zona Franca. En este sentido, se encuentran imputados el que fuera fundador de este grupo, Manuel García Gallardo; el delegado especial del Estado en la época en la que se tomó el acuerdo de compra, Miguel Osuna, y el entonces jefe de gabinete de Osuna y actual director general del Consorcio, José Manuel Fedriani.

Rilco fue el inicio de los escándalos judiciales en la Zona Franca de Cádiz. El delegado del Estado entre 1996 y 2000, Manuel Rodríguez de Castro, puso en marcha la Red Iberoamericana de Logística y Comercio (Rilco), que pretendía ser una plataforma para transacciones comerciales entre España y América.

El problema se produce cuando el concurso se le da a la empresa Miami Free Zone pese a las ofertas de otras empresas con mucho prestigio. Rilco nunca llegó a hacer ni una sola transacción comercial y lo que trató de dirimir el juicio que se celebró el pasado año, es si realmente la plataforma se realizó o simplemente se trató de una mala gestión y, por ello, no se le sacó partido.

Este juicio sentó en el banquillo de los acusados a seis personas, entre ellos a Manuel Rodríguez de Castro y a su sucesor, Miguel Osuna, por haber seguido pagando el contrato pese a que presuntamente tenía constancia de que se habían cometido irregularidades.

Eso no se pudo demostrar en el juicio y la sentencia sólo dejó un condenado, Manuel Rodríguez de Castro, a ocho años de prisión por fraude, malversación de los caudales públicos y prevaricación. La sentencia ha sido recurrida al Tribunal Supremo por el afectado.

El de Quality Food se encuentra aún en proceso de instrucción, pese a que lleva ya nueve años en este punto, algo que no es extraño por la cantidad de giros que se han producido. Cuando parecía que el principal imputado iba a ser el fundador de la empresa alimenticia, Manuel García Gallardo y algunos de sus familiares, la Abogacía del Estado presentó un nuevo escrito ampliando la denuncia interpuesta en el año 2005 en la que incriminaba a Miguel Osuna, lo que acabó con la imputación del ex delegado de la Zona Franca. También estuvo en esta condición el teniente de alcaldesa de Urbanismo en el Ayuntamiento de Cádiz, Ignacio Romaní, y miembro del comité ejecutivo de la Zona Franca el 23 de diciembre de 2003, fecha en la que se decidió hacerse con el control mayoritario de Quality. Ambas imputaciones fueron recurridas, pero sólo prosperó la de Romaní, donde la Audiencia Provincial incluso le daba un tirón de orejas a la jueza instructora.

Una de las cosas que se trata de dilucidar en este proceso es si la compra de las acciones de Quality Food se hizo por un valor muy superior al que debía de tener, ya que éste se pudo basar en un plan de expansión hecho por una auditora en un momento en el que se sabía que ya no se iba a poder cumplir.

La gestión tanto en Rilco como en Quality Food han tenido una incidencia directa en las cuentas de la Zona Franca. El anterior delegado del Estado, José de Mier, cifraba en unos 30 millones de euros el quebranto que se había producido en sus arcas.

Por otra parte, el proceso penal puede ser muy importante también a nivel económico para la Zona Franca de Cádiz, ya que hasta ahora la vía civil fue ganada por García Gallardo y eso hace que si éste sale indemne del proceso aún abierto, habrá que pagarle más de 10 millones de euros por el valor de las acciones.