La Junta de Andalucía mantiene su idea de ubicar la Ciudad de la Justicia en lo antiguos terrenos de la fábrica de tabacos a la entrada de la ciudad. Conocida por este diario la noticia de que la Zona Franca quiere utilizar fondos del Plan Reindus para la compra del antiguo suelo de Altadis, el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, se reafirmó en esta propuesta que considera adecuada por el significativo ahorro que podría suponer para las arcas públicas.

"Seguimos pensando que lo edificios de la tabacalera están en una zona adecuada para una sede judicial, y más cuando se encuentran en la entrada a la ciudad, con buenas conexiones con el exterior", destaca a este diario el delegado de la Junta. Curiosamente fue la propia Altadis la que en su día le ofreció a la administración regional este suelo para ubicar la Ciudad de la Justicia, según recordó el propio delegado.

La idea es reutilizar los dos edificios de oficinas de la antigua fábrica, quedando el resto de las instalaciones de Altadis para otros usos. En este sentido, la Zona Franca ya está en negociaciones con una empresa para adquirir parte de las naves donde se producía el tabaco para la instalación de una nueva firma. Al no ser necesario levantar un nuevo complejo de edificios y limitarse la operación a la adaptación de los ya existentes, el ahorro económico para la Junta sería sustancial.

El proyecto de la Ciudad de la Justicia diseñado en los terrenos de la antiguo Institución Provincial, en San Severiano, suponía una inversión superior a los 60 millones de euros. Aunque López Gil no ha cuantificado cuál sería el coste de los trabajos a realizar en Altadis sí considera que "el abaratamiento de los costes sería muy importante".

La intención de la Junta es abrir negociaciones con la propiedad de estos terrenos para ver la viabilidad de la operación. Recuerda en este sentido Fernando López Gil que la Junta mantiene una estrecha relación con la Zona Franca de Cádiz pues buena parte de las oficinas ubicadas en el estadio Ramón de Carranza, y gestionadas por el Consorcio, están alquiladas a dependencias de la administración regional, curiosamente la mayoría a la Consejería de Justicia que, cuando esté en funcionamiento la Ciudad de la Justicia, irán a este nuevo complejo. Si este equipamiento finalmente ocupase el antiguo suelo de Altadis, la Zona Franca seguiría beneficiándose del acuerdo con la Junta.

Lo cierto es que la administración llega a las negociaciones, todavía no fijada en el calendario, con todas las posibilidades abiertas a la hora de cerrar un acuerdo con la futura propietaria de estos edificios. Así, no se descarta alquilar los edificios y que siga en manos del Consorcio su propiedad; alquilarlos pero con una opción de compra o proceder a su adquisición. Cualquiera de estas posibilidades más la inversión necesaria para el arreglo de estas dependencias tendrá un coste muy inferior a los más de 60 millones que le costaría a la Junta la construcción de la Ciudad de la Justicia de nueva planta.

Este proyecto cuenta también con el apoyo del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento. Su portavoz, Francisco González, ha valorado de forma muy positiva esta posible operación.

El proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia acumula ya una década desde que se planteó por primera vez, ante la precariedad en la que se encontraban, y se encuentran, la mayoría de las dependencias judiciales en la ciudad.

Un acuerdo entre la Junta y la Diputación Provincial posibilitó que la primera se quedase con los más de 10.000 metros cuadrados de suelo de la antigua Institución Provincial en San Severiano; la administración provincial se quedó a cambio con los edificios del antiguo IES del Rosario y con la sede de la actual Audiencia Provincial.

La Consejería elaboró un proyecto para la Ciudad de la Justicia con un suelo disponible de 46.621 metros cuadrados y una inversión superior a los 60 millones de euros. El inició del proceso de adjudicación de la obra coincidió con la crisis económica y los recortes en las inversiones públicas. En un intento por no paralizar este proyecto se planteó la entrada de la iniciativa privada en el desarrollo del mismo, aunque tampoco salió adelante. En el solar, donde se llegaron a realizar las prospecciones arqueológicas, aún está en pie un alta de la antigua Institución y vieja sede del INEM.