El secretario de Ordenación del Territorio y Vivienda del PSOE de Andalucía, Pedro Fernández, ha advertido al portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular andaluz, Antonio Sanz, que no estará "legitimado política ni moralmente" para pedir explicaciones a otras formaciones sobre los cursos de formación hasta que él no aclare su "vinculación" y si "tenía conocimiento o no" de las supuestas irregularidades vinculadas a cursos en la empresa Quality Food y en la Zona Franca de Cádiz.

En rueda de prensa en Granada, Fernández ha instado a Sanz a aclarar este asunto en el que "aparece directamente mencionado" por la que fuera secretaria del consejo de administración de Quality Food y le invita a hacerlo "fundamentalmente ahora", que aparece "en la primera línea política" tras ser recuperado, según ha dicho, por el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, que "ha visto en Moreno -en relación al presidente del PP-A-, una cierta ineptitud a la hora de hacer oposición a Andalucía" y que "se ha equivocado".

Fernández ha justificado sus acusaciones en una carta remitida en 2003 a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, por la que fuera en su momento secretaria del consejo de administración de Quality Food, María Luisa Chas Alonso, en la que ésta última dice haber puesto en conocimiento de Sanz una serie de supuestas irregularidades en relación con los cursos de formación profesional ocupacional que en aquellos momentos se impartían en la empresa y que dependían de la Junta.

María Luisa Chas asegura que el fundador de Quality Food, el empresario Manuel García Gallardo, había aparentado el abono de unas cantidades que le correspondían como monitora de unos cursos de formación ocupacional subvencionados por la Junta, pero realmente ese pago no se produjo.

En este contexto, Fernández ha instado a Sanz a "explicar su vinculación; si realmente tenía conocimiento o no de esta situación de supuestas irregularidades" y "si es así por qué no lo puso en conocimiento de la Justicia y no hizo lo posible junto a Martínez para paralizar esta situación irregular".

Estas declaraciones desde el PSOE-A se producen después de que Sanz vinculara el jueves el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares con el de los supuestos fraudes en cursos de formación profesional por tener en común el "mismo 'modus operandi' y los mismos actores" y cifrara en unos 4.000 millones de euros la cantidad que, en su conjunto, se habría "desviado" de los fondos públicos que inicialmente estaban previstos para los "parados andaluces".

Fernández se ha mostrado contrario a entrar en una "guerra de números", alegando que lo que le importa a su partido es que la Justicia "actúe rápidamente" y con "contundencia caiga quien caiga" para que se "aclare todo lo que tiene que ver con actos delictivos y se recupere para la Junta el perjuicio económico que se ha producido".