Las buenas intenciones que, por lo menos en declaraciones públicas, están marcando las relaciones entre el Ayuntamiento y las principales áreas de gobierno de la Junta en Cádiz darán un paso esencial, en un sentido positivo o negativo, en la segunda quincena de este mes de enero.

Será entonces cuando las dos partes se sienten a fin de intentar cerrar un acuerdo sobre una serie de temas pendientes que afectan de lleno al desarrollo económico de la ciudad. El protagonista de este posible acuerdo será el extenso parque de inmuebles que, propiedad de la Junta, se encuentran cerrados desde hace años y sin una perspectiva, por lo menos hasta ahora, de abrirse.

Desde la llegada al frente de la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz de Fernando López Gil, se ha producido un notable cambio en las relaciones entre la Junta y el Ayuntamiento, siempre muy complicadas y muchas veces tensas. La gestión con una visión política e ideológica parece que ha quedado aparcada y ahora, por fin, las dos partes buscan acuerdos que beneficien a la ciudad.

El documento que se va a estudiar antes de que concluya este mes se centrará en los equipamientos que la Junta tiene en propiedad en Cádiz y que se encuentran abandonados, ante la falta de recursos de la administración regional. En un principio, el objetivo es elaborar un listado de prioridades para intentar poner en uso estos inmuebles. El Ayuntamiento ya se ha mostrado dispuesta a llegar a un acuerdo, tras recordar que en el último Plan de Ordenación Urbana se incluyeron todas las peticiones planteadas por la Junta.

Técnicos de ambas administraciones han ido perfilando en las últimas semanas las propuestas de cada una de las partes, aunque hasta ahora no han trascendido, pendientes de esta reunión.

Sí es novedad que en este debate se ha incluido el futuro del edificio de la Aduana, que en un principio no estaba previsto. Esto se debe a la posibilidad que se ha abierto por parte de la Junta de valorar de nuevo la demolición de este inmueble, asumiendo la administración regional que su permanencia afecta de lleno a un desarrollo más ágil del Plan Plaza de Sevilla, dificultando la conversión de la terminal férrea de 1905 en un centro de ocio y comercio.

El actual gobierno de coalición entre PSOE-IU está estudiando ahora la viabilidad de este derribo. Hace unas semanas se confirmó desde la administración regional que se había pedido un informe sobre la situación de protección legal del edificio, tras el inicio del proceso de declaración como Bien de Interés Cultural. El documento puede estar ya en manos de la Junta aunque no se han aportado datos sobre el contenido del mismo.

Desde la Consejería de Fomento, gestionada por Izquierda Unida, también hay un especial interés por solventar esta cuestión. Aunque no se ha trasladado públicamente una postura cerrada, fuentes cercanas a la negociación indican que este departamento apuesta por el derribo del edificio, al considerar que no tiene valor histórico alguno incidiendo directamente en el propio desarrollo del Plan Plaza de Sevilla.

El actual equipo de Fomento ha reactivado la construcción de la estación de autobuses interurbanos, que forma parte de este proyecto urbanístico, tras varios años de paralización debido a problemas presupuestarios. Igualmente, el actual delegado, Manuel Cárdenas, ha abierto cauces de diálogo con el Ayuntamiento en todo lo relacionado con la vivienda.

Entre los equipamientos que la Junta quiere priorizar se encuentra en primer lugar la antigua Residencia de Tiempo Libre, proponiendo allí un complejo hotelero privado. También se quiere buscar una rápida solución al edificio de Náutica, que se pretende derribar debido a problemas estructurales, sin tener claro qué hacer con el solar resultante.