El Consejo Social de la Universidad de Cádiz, en su condición de órgano de participación de la sociedad gaditana en esta institución, solicita "una mayor reflexión en las políticas de contención y de ajuste presupuestario que vayan a implantarse, a la vez que atención al diálogo y compromiso para que las mismas puedan llevarse a a cabo con el mínimo impacto negativo posible para la sociedad".

En una nota, el Consejo Social de la UCA reconoce que debido a las excepcionales circunstancias en las que nos encontramos, es necesario adoptar medidas extraordinarias. Y afirma que cree "firmemente" que la Universidad "ha de asumir las difíciles circunstancias actuales, pero también que es desde la Universidad y el cumplimiento de sus fines desde donde pueden proponerse las soluciones, a medio y largo plazo, para superar esas circunstancias adversas. Por eso, dificultar el desarrollo de la Universidad e impedirle el cumplimiento de sus misiones, en pos de un mero ajuste presupuestario, va a producir efectos contraproducentes en el futuro de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país".

Así, señala que "no puede aceptarse el ataque que para la institución universitaria supone la implantación del Real Decreto Ley 14/2012, que desconoce el funcionamiento de la Universidad, sus funciones y sus logros, y se muestra ajeno a la naturaleza y los fines del servicio público que presta". Por eso, el Consejo Social rechaza "que se haya establecido una política improvisada, indiscriminada e incontrolada de ajustes y recortes a los presupuestos de la Universidad, sin atención ni audiencia a los representantes legítimos de la institución y sin el mínimo consenso que garantice la participación de la comunidad universitaria en la definición y la implantación de las medidas de ahorro y de contención del gasto que se plantean".

Reclama "que cualquier medida que suponga incrementos en los costes de los estudios universitarios y, con ello, en las economías familiares, vayan acompañada de políticas de equidad y de igualdad de oportunidades que garanticen a los ciudadanos el acceso y la permanencia en dichos estudios, con independencia de su condición social o económica".

Demanda "que se favorezcan políticas de empleo basadas en el conocimiento y en la mejor cualificación profesional".

Por su parte, lamenta "que las políticas de contención del gasto y de estabilidad presupuestaria sean utilizadas como excusa para cuestionar un sistema público de formación que ha permitido a nuestra sociedad alcanzar niveles de bienestar nunca logrados hasta hoy".

Manifiesta que "en ningún caso se puede obviar que las universidades son protagonistas esenciales del progreso que ha experimentado nuestro país y que contribuyen esencialmente al desarrollo social, económico y tecnológico de nuestra tierra". Y recuerda que la Universidad pública "es un pilar fundamental de nuestro Estado del bienestar, una de cuyas bases imprescindibles es el conocimiento y la formación, que permiten fortalecer el espíritu crítico de los profesionales y la actitud democrática de los ciudadanos".

Por todo ello, apela a la necesidad de seguir en la búsqueda de los recursos necesarios "para que la Universidad continúe ejerciendo el papel protagonista que la sociedad le ha asignado: la creación y la transmisión del conocimiento, la formación de las nuevas generaciones y la generación de riqueza a través del conocimiento, la investigación y la transferencia de los resultados a la sociedad".

Todo esto lo declara el Consejo Social de la Universidad de Cádiz reconociendo previamente que toda la sociedad y, con ella, la propia Universidad, debe abordar cambios en todos los ámbitos que permitan asegurar la mejor correspondencia entre la actividad propia de la Universidad y el servicio que presta a la sociedad. En particular, en la actual coyuntura económica, considera necesario "continuar actuando con la mayor responsabilidad para velar porque la Universidad, en tanto que Administración Pública, optimice los recursos públicos, materiales, humanos y de conocimiento e investigación, que gestiona".

Asimismo entiende que, "por razón de las excepcionales circunstancias en que nos encontramos, es necesario adoptar medidas extraordinarias que, atendiendo a los irrenunciables objetivos de calidad y excelencia que presiden y condicionan el sistema universitario, permitan asimismo contribuir a los objetivos de contención del gasto público". Afirma que la aportación de la Universidad a ese compromiso común "pasa por continuar en la mejora de los logros en la excelencia de la actividad docente e investigadora; en la potenciación de los modelos de cooperación interuniversitaria, nacionales e internacionales; en la optimización de la gestión universitaria, de conformidad con los recursos de que se dispone; en la valoración y el reconocimiento de los méritos y del esfuerzo; y en la contribución a la mejor formación profesional y humana de la comunidad universitaria y del conjunto de la sociedad".

Sostiene que "los profundos cambios sociales y económicos en los que nos encontramos inmersos y las nuevas y complejas situaciones que de ellos derivan exigen una respuesta adecuada de la institución universitaria que, asumiendo las funciones que se le encomiendan, continúe atenta a las demandas sociales". De ahí la petición de una mayor reflexión en los ajustes.