Más allá del ruido político y mediático existente, la crisis entre Madrid y Buenos Aires por la expropiación de las acciones de Repsol en la petrolera YPF no amenaza ahora mismo seriamente la XXII Cumbre Iberoamericana que, con motivo del bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812, se celebrará en la capital gaditana los días 16 y 17 de noviembre. Los problemas de este tipo de citas, que rozan la irrelevancia más allá de algún sonado incidente, se centran en una agenda que en el pasado ha pecado de poco ambiciosa y de tener escaso contenido político.

En un claro guiño a los países que buscan descongelar estas cumbres, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió recientemente que la cita de Cádiz debía servir para sentar las bases de una nueva relación entre España e Iberoamérica. Pese a que cometió el error de excluir a España de esta comunidad para situarla principalmente en Europa, convenció a la inmensa mayoría de los embajadores iberoamericanos de su voluntad de trascender los acuerdos coyunturales, de marcado cariz comercial, que eran marca de la 'casa común' iberoamericana hasta ahora.

Con esta nueva orientación, Rajoy creó unas buenas expectativas sobre los trabajos en la capital gaditana. En la cocina de los grupos sectoriales que se constituyan y en su orientación está ahora la pelota del devenir de Cádiz 2012. De lo que salga de ellos depende el poder de convocatoria final de la cumbre en sí.

El temor a un eventual boicot de la presidenta Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por la crisis abierta por la expropiación de YPF, resulta infundado. De hecho, no está ahora en la agenda de los países de América Latina, y ninguno de ellos -incluido la Venezuela de Hugo Chávez, que capitanea el 'frente bolivariano' en el que están Cuba, Nicaragua y Ecuador- , lo contempla como una "variable" que pueda incidir en su decisión de acudir a la cita gaditana.

Es verdad que la expropiación de YPF ha dividido a la comunidad iberoamericana. Colombia y México defendieron sin fisuras las tesis españolas. Valenzuela se mostró comprensiva con la decisión argentina de tener el control estratégico sobre sus recursos naturales, pero puso a salvo sus buenas relaciones con Repsol -y con el propio Gobierno español-, compañía que actúa como operador con este país bolivariano en unas explotaciones petrolíferas estatalizadas. Brasil, con una política exterior muy autónoma, optó por guardar un prudente silencio. Más allá de Cuba, que no suele matizar sus opiniones en este tipo de asuntos, casi nadie se salió del tiesto tanto como para generar frentes absolutamente irreconciliables en la comunidad iberoamericana.

Pero no es menor cierto que, tras semanas marcadas por una escalada de tensión verbal entre Madrid y Buenos Aires, las aguas de este conflicto están desembocando en el terreno del Derecho Internacional, terreno de juego para dilucidar la legalidad de la polémica decisión tomada por el Gobierno argentino y, en última instancia, para fijar el justiprecio por las acciones expropiadas a Repsol.

Tras el populismo que caracterizó los primeros pronunciamientos del Gobierno argentino, que quedó patente en la comparecencia de Cristina Fernández de Kirchner, con el retrato de Eva Perón al fondo, para justificar la expropiación, el "tiro el pie" del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García-Margallo, y las serias e innecesarias amenazas del titular de Industria, José Manuel Soria, ni siquiera las medidas contra el biodiesel argentinos adoptadas por el último Consejo de Ministros parecen tener el calado de "ojo por ojo, diente por diente" que se presumía. De hecho, ayer mismo, en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados -sin dejar de defender a Repsol y sin renunciar a condenar la expropiación de YPF- Soria rebajó considerablemente el tono al declarar que "era y es" voluntad firme del Gobierno mantener la mejor relación bilateral política y económica con Argentina, y abogó por pedir "una justa compensación" por el daño causado.

Más allá de una crisis de YPF que se aleja poco a poco del ojo del huracán en el que se situó semanas atrás, la diplomacia española tenía y tiene prevista una apretada agenda para garantizarse el éxito de la cumbre de Cádiz, subrayando el compromiso de Rajoy de poner unos nuevos cimientos para comunidad iberoamericana.

Así las cosas, comprometidos, entre otros, los presidentes de México -los tres aspirantes a suceder a Felipe Calderón garantizaron su presencia-, Colombia y Ecuador, el primer embajador de España, el Rey, envió días atrás una misiva a la presidenta argentina invitándola a la cita gaditana. Y el presidente del Gobierno hará lo propio con la presidenta de Brasil, Dima Rousseff, en la visita a Sao Paulo y Rio de Janeiro que realizará en junio tras participar en la cumbre del G-20 en Los Cabos (México). Ese mismo mes, si mejora de su reciente operación de cadera, don Juan Carlos también insistirá ante la mandataria carioca en una visita prevista a Brasil, y ante el presidente de Chile, Sebastián Piñera, con quien coincidirá en la cumbre de la Alianza del Pacífico. Y la Reina se trabajará al presidente de Bolivia, Evo Morales. ¿Y con Venezuela? Con Venezuela no hay problemas, aseguraron fuentes diplomáticas españolas. ¿Y con España? Con España no hay problemas, destacaron fuentes diplomáticas venezolanas. El mismo discurso para garantizar el éxito de Cádiz 2012.