El PP andaluz señala en sus conclusiones de la comisión de investigación de los fondos de formación unas responsabilidades políticas "claras y contundentes", entre las que destacan las de la presidenta, Susana Díaz, y fija en 1.970 millones el perjuicio económico como consecuencia del "fraude" en la gestión. 

El PP fija la responsabilidad política de Díaz en quince puntos, principalmente por la paralización de los cursos, pero también le achaca la "falta de colaboración" de la Junta con la comisión, que se "oculte información fundamental" para conocer la totalidad del fraude o que "impulsara" un segundo cambio competencial de Educación a Empleo, "a sabiendas del caos que organizativo que se añadía". 

Además, le responsabiliza por "inhibirse" tras recibir nueve informes de actuación de la Intervención General; por "hacer negocio" con el dinero de la formación, ya que los 400 millones que se adeuda a las empresas se han destinado a "otros fines", y por "propiciar" la pérdida de 30.000 puestos de trabajo en el sector. 

Los populares creen que Díaz también participó en la recepción de fondos para el PSOE a través del alquiler de sedes compartidas con UGT; que conoce lo que sucedía desde la dimisión del ex número dos del PSOE-A Rafael Velasco; que ha "ocultado" relaciones familiares directas relacionadas con la formación y que desde el Gobierno andaluz no hace "todo lo posible" para recuperar el dinero.

IU insiste en Chaves y Griñán y habla de "negligencia" de Susana Díaz

Por su parte, IU ha adelantado la línea de las conclusiones, señalando que ve responsabilidad política en los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y "negligencia" en la acción de la actual mandataria autonómica, Susana Díaz. Así lo ha expuesto en declaraciones a los periodistas en Sevilla el coordinador general de la formación y portavoz parlamentario, Antonio Maíllo, que ha precisado la acusación sobre Díaz -y sobre el consejero José Sánchez Maldonado- en la conversión de una acción "prudente", como es la paralización de la convocatoria de los cursos por la detección de irregularidades en los mismos, en un periodo de tres años "sin resolver o realizar una investigación exhaustiva" sobre las mismas para volver a la "normalidad"."Para una convocatoria como la que ha salido a finales del año pasado", con las modificaciones de pasar a concurrencia competitiva, limitar a cuatro millones el máximo de captación y la prohibición de  exceptuaciones", IU observa negligencia en no afrontar con "rapidez" esa detección de irregularidades.  

De esta manera, lo que en principio es una acción prudente se convierte, a juicio de la federación, en un perjuicio "objetivo" durante tres años a quienes tenían la expectativa de participar en las políticas activas de empleo, o a aquellos que, como fue el caso de las casas de oficio o las escuelas taller, no estaban afectados y, sin embargo, se dejaron también de convocar sin que hubiera denuncia de irregularidad. En suma, según Maíllo, el "abandono" en una investigación "urgente, primordial y certera". 

Respecto a los ex presidentes, la federación de izquierdas centra la carga responsable sobre todo en Chaves, por elegir a los responsables de las consejerías de Empleo -recuerda también la responsabilidad 'in vigilando' del mismo, dada sus competencias de control y evaluación- y ser aquel mandatario bajo cuyo gobierno se acabó "pergeñando" esta estructura, con la decisión política de establecer este formato de cursos "sin concurrencia competitiva, sin límite de captación de subvenciones y con la generalización de la exceptuación" ante la propia "incompetencia" de Empleo para resolver los expedientes a tiempo. IU también apunta a la responsabilidad, al menos en un tramo de su mandato, de José Antonio Griñán, por elegir a consejeros que no modificaron esas actuaciones. Por otro lado, hace recaer la responsabilidad más directa en los titulares de la Consejería de Empleo, Viceconsejería de Empleo, Secretarías generales técnicas, direcciones generales de Formación, delegaciones provinciales de Empleo y direcciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Éstos, según la versión de IU, tenían que haber establecido mecanismos de evaluación, fiscalización y control para vigilar que los cursos se desarrollaban y que lo hacían de acuerdo con sus fines. "A pesar de la constatación del descontrol, nadie salvo la Intervención estableció alertas de que las convocatorias se hacían sin cerrar expedientes: se descontrolaban y se hacían exceptuaciones sin constatación de que los cursos se hicieran 'de facto' y de que hubieran estado parados los beneficiarios. Tampoco se advirtió de cómo se estaban utilizando por parte de un tejido pseudoempresarial cazasubvenciones", ha criticado Maíllo. 

En las conclusiones, cuyo plazo de presentación finaliza este lunes, IULV-CA constata la ausencia de control, seguimiento y evaluación en los cursos, "instalados en una dejación de las funciones de la administración pública" y, subsidiariamente, la responsabilidad política en quienes tenían las competencias de controlar el dinero y comprobar la realización de los cursos para evitar un fraude "que, sobre todo, un tejido empresarial vinculado al PSOE ha usado con cursos para subrogación directa a sus propias actividades". Todo ello, en un ambiente de "impunidad" y de "banalización" de la "rigurosa" acción de control y evaluación.