Al Gobierno de la Junta le ha surgido una nueva fuente de conflicto con los partidos de la oposición. La citación judicial del actual director del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Julio Samuel Coca Branes, y su antecesor, Antonio González Marín, provocó una rápida reacción por parte del PP, cuya portavoz parlamentaria, Carmen Crespo, exigió el lunes el cese de los dos altos cargos. "No está el PP para dar lecciones a nadie y menos en estos días, en los que hay una marejada de corrupción impresionante", espetó ayer el vicepresidente del Ejecutivo andaluz, Manuel Jiménez Barrios, en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno.

Tras tachar la petición de Crespo de "desahogo", el número dos de Susana Díaz negó que el caso donde están implicados los dos últimos directores del SAE tenga nada que ver con la corrupción. "Es una cuestión de gestión, un asunto laboral", afirmó Jiménez Barrios, que lamentó que la denuncia de 17 asesores de empleo del programa Memta por su despido en 2013 se haya tramitado por la vía penal y no por la social. A este respecto, el vicepresidente y consejero de la Presidencia recordó que la administración andaluza cumple las sentencias judiciales resultantes del conflico con los ex asesores de empleo y está readmitiendo a aquellos trabajadores cuyo despido se ha considerado nulo por parte de los distintos juzgados, 182 según admite el propio SAE en un comunicado.

Jiménez Barrios también negó que la citación de Coca Branes y González Marín como investigados -la figura jurídica que sustituye a los antes denominados imputados- pueda poner en peligro el las relaciones entre el PSOE y Ciudadanos. "Somos leales con el partido con el que mantenemos un acuerdo de investidura", afirmó el mandatario andaluz, que confirmó que le han enviado a la formación naranja la información que pidieron sobre el caso. "El Gobierno andaluz puede explicar de forma pormenorizada que es lo que dice cada una de las sentencias", apostilló Jiménez Barrios.

En sus críticas al PP, el vicepresidente de la Junta mencionó el caso de varios altos cargos autonómicos que pasaron por procesos judiciales que finalmente fueron archivados, como el de la delegada del Gobierno en Granada, Sandra García, investigada por su responsabilidad en unos vertidos ilegales de la cárcel de Albolote. También se refirió Jiménez Barrios al caso de María José Asensio, que fue ayer nombrada presidenta de la Agencia Andaluza de la Energía y que fue destituida hace unos meses como directora general de Minas tras el proceso judicial que tuvo paraliazada la adjudicación de la explotación de Aznalcóllar.

No se mostró muy satisfecha con las explicaciones la portavoz popular que el lunes pidió las dimisiones, puesto que Crespo fue más allá y aseguró que en "toda la Consejería de Empleo hay una herencia envenenada". Y aprovechó para cargar contra la presidenta de la Junta, pues considera que Díaz "no ha sabido o no ha querido atajar" dicha herencia. Según la política almeriense, la líder socialista tiene la "responsabilidad única" de los problemas en el departamento de Empleo, ya que sus directores "están más preocupados por los asuntos judiciales" que por crear puestos de trabajo. Además, Crespo recordó que su partido pidió en el Parlamento una auditoría de la consejería que ahora lidera José Sánchez Maldonado, que no prosperó al no contar, precisamente, con el apoyo de Ciudadanos, que según la portavoz popular sí ha permitido un estudio similar en la Comunidad de Madrid.

Las críticas al Ejecutivo andaluz también llegaron del sector morado. La líder andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, tachó la situación de "despropósito" y pidió "que se ponga orden" en el SAE ante las imputaciones de sus dos últimos dirigentes. "El SAE no desarrolla una tarea que tenga que ver a los parados y con darles medios para enfrentarse al mercado laboral", señaló Rodríguez en un comunicado, donde también recordó que su formación intentó vía enmienda en los Presupuestos autonómicos de 2016 la reincorporación de los ex asesores de empleo con sentencias favorables.

El secretario de Política Institucional del PSOE andaluz, Francisco Conejo, coincidió con las tesis de su compañero y vicepresidente de la Junta al criticar al PP por la exigencia de cesar a los dos últimos directores del SAE. El número tres de los socialistas andaluces a nivel orgánico cargó contra los populares porque considera que "están acorralados por la corrupción y todavía pretenden dar lecciones".